La Comisión adopta un paquete de decisiones de infracción debido a la falta de comunicación por parte de los Estados miembros de las medidas adoptadas para incorporar las directivas de la UE al Derecho nacional.
La Comisión va a enviar una carta de emplazamiento a los Estados miembros que no han notificado las medidas nacionales de transposición de directivas cuyo plazo de transposición expiró recientemente. En este caso, son 25 los Estados miembros que aún no han notificado las medidas completas de transposición de cuatro directivas de la UE en los ámbitos de la fiscalidad y la unión aduanera, la justicia y la salud pública. Los Estados miembros afectados disponen ahora de dos meses para responder a las cartas de emplazamiento y completar su transposición, o la Comisión puede decidir emitir un dictamen motivado.
Lucha contra la evasión fiscal: nuevas normas de cooperación administrativa entre autoridades tributarias en el contexto del uso de plataformas digitales por los contribuyentes.
En marzo de 2021, el Consejo adoptó una modificación de la Directiva sobre cooperación administrativa (Directiva (UE) 2021/514 – DAC7). En virtud de la DAC7, las plataformas digitales, como sitios web y aplicaciones móviles, que permiten a los contribuyentes vender bienes, ofrecer servicios personales en línea y fuera de línea, o alquilar bienes inmuebles o medios de transporte, tienen que informar sobre esos contribuyentes y sus actividades económicas. Esta información ayudará a las autoridades fiscales de los Estados miembros de esos contribuyentes concretos a evitar la evasión fiscal o la declaración inexacta mediante el uso de plataformas digitales. Todos los Estados miembros debían incorporar la Directiva a su legislación nacional e informar de ello a la Comisión antes del 31 de diciembre de 2022. Los siguientes Estados miembros no han notificado o solo han notificado parcialmente las medidas nacionales de transposición de la DAC7 y recibirán una carta de emplazamiento: Bélgica, Estonia, Grecia, España, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.
El 57 % de las leyes aprobadas en España en 2022 deriva de directrices y decisiones europeas
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Protección de los consumidores: proteger los intereses colectivos de los consumidores mediante el mecanismo de las acciones representativas
La Directiva sobre acciones de representación (UE) 2020/1828 pretende garantizar que todos los consumidores europeos se beneficien plenamente de los derechos que les confiere la legislación de la Unión. Facultará a las entidades habilitadas para emprender acciones de representación en nombre de los consumidores e introducirá mayores poderes sancionadores para las autoridades de consumo de los Estados miembros. Esta acción de representación permitirá a una entidad cualificada, como una organización de consumidores, solicitar reparación, como indemnización, sustitución o reparación, para un grupo de consumidores que se hayan visto perjudicados por una práctica comercial ilegal. Dado que la Directiva entró en vigor en diciembre de 2020, los Estados miembros tenían dos años para transponerla a su legislación nacional e informar a la Comisión. Lamentablemente, aunque en la mayoría de los Estados miembros se está trabajando en la adopción de las leyes, un gran número de Estados miembros no notificaron las medidas nacionales de transposición completa de la Directiva en el plazo fijado, el 25 de diciembre de 2022, por lo que recibirán cartas de emplazamiento: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.
Legislación de la UE sobre plantas: condiciones para el examen de determinadas variedades de plantas agrícolas y hortalizas
En junio de 2022, la Directiva (UE) 2022/905 modificó las condiciones de examen y los caracteres que debe abarcar dicho examen en relación con determinadas variedades de plantas agrícolas y hortalizas. Los Estados miembros tenían que adoptar y publicar las medidas nacionales necesarias para cumplir esta Directiva antes del 31 de diciembre de 2022. Chipre y Eslovaquia no han incorporado la Directiva a su ordenamiento jurídico nacional en el plazo establecido, por lo que recibirán una carta de emplazamiento.
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