La Comisión Europea presentó su propuesta de Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés), una importante actualización de las normas de protección del consumidor de la UE para garantizar que los consumidores de la UE disfruten del mismo alto nivel de protección en línea que fuera de línea.
Paralelamente, la Comisión propuso una revisión del Reglamento de Cooperación en materia de Protección del Consumidor (Reglamento CPC), que le otorga mayores facultades para investigar directamente e imponer multas en casos de gran envergadura que tengan un impacto significativo en los consumidores de todo el Mercado Único.
En conjunto, estas iniciativas se basarán en el marco normativo digital vigente para reforzar la protección del consumidor, contribuir a unos mercados online más justos y crear igualdad de condiciones, lo que permitirá a las empresas competir, crecer e innovar con confianza.
El rápido crecimiento del comercio electrónico y los mercados digitales ha transformado nuestra forma de comprar, facilitando más que nunca el acceso de los consumidores a bienes y servicios. Sin embargo, esta comodidad no debe ir en detrimento de la equidad. Las prácticas comerciales desleales en línea, como las tácticas de marketing manipuladoras o las tarifas ocultas, menoscaban la capacidad de los consumidores para tomar decisiones libres e informadas. Las propuestas presentadas dotarán a la UE de herramientas más eficaces para combatir estas prácticas desleales, reforzarán la aplicación de la normativa en todo el Mercado Único y simplificarán las reglas que deben seguir las empresas, aumentando así el cumplimiento. El resultado será una mayor protección para los consumidores y una competencia más justa para las empresas, lo que, en conjunto, se espera que suponga un ahorro para los consumidores de la UE de hasta 13.700 millones de euros anuales.
Nuevas protecciones en línea para los consumidores
La propuesta de Ley de Equidad Digital permite a las autoridades de la UE combatir con mayor eficacia las prácticas desleales en los mercados digitales, garantizando que todos los comerciantes se rijan por las mismas reglas. Esta ley protegerá a los consumidores de todas las edades que compran y buscan bienes o servicios en línea.
Las principales novedades de la propuesta incluyen:
- Prohibición de tácticas de marketing manipuladoras (las llamadas «prácticas engañosas«), como las afirmaciones falsas de que un producto está casi agotado, que presionan a los consumidores para que tomen decisiones de compra que de otro modo no tomarían.
- Precios claros y transparentes, especialmente para compras realizadas con monedas virtuales dentro de la aplicación y cuando se utiliza la tarificación dinámica para eventos culturales y deportivos. En las colas virtuales, las empresas deberán mostrar el precio actual en tiempo real y el precio máximo posible.
- La equidad desde el diseño, con la opción para que los consumidores desactiven las funciones de diseño adictivas que fomentan el gasto excesivo o compulsivo, como las notificaciones persistentes. La propuesta también restringirá las prácticas injustas que incitan al gasto excesivo, por ejemplo, prohibiendo las funciones similares a los juegos de azar para menores, como los sistemas de pago para ganar y de pago para progresar.
- Transparencia clara en el marketing de influencia, exigiendo a los influencers que sean transparentes sobre el contenido comercial y previniendo la explotación de la confianza de los menores en su audiencia.
- Restricción a los anuncios y precios personalizados abusivos dirigidos a menores o que se aprovechan de datos sensibles.
- Contratos y suscripciones digitales más fáciles de cancelar, y el fin de las renovaciones automáticas no deseadas y las pruebas gratuitas que se convierten en trampas de suscripción. Los consumidores tendrán derecho a comunicarse con una persona en el servicio de atención al cliente y contarán con derechos claros al usar un agente de IA para comprar productos en su nombre.
La propuesta de la Ley de Equidad Digital también incluye medidas de simplificación, y las propuestas presentadas incluyen una directiva de simplificación con modificaciones específicas a la Directiva sobre los Derechos del Consumidor para simplificar su aplicación en línea. Esto incluye requisitos de información precontractual más sencillos para las compras recurrentes dentro de las aplicaciones y normas más claras sobre cómo los consumidores pueden cancelar las suscripciones a medios digitales dentro del plazo de desistimiento.
Poderes directos de aplicación de la UE y mejor coordinación nacional
En la actualidad, los mercados digitales evolucionan rápidamente. Lo mismo ocurre con las prácticas desleales, que proliferan en línea y no conocen fronteras. Para proteger a nuestros consumidores y garantizar que las empresas puedan competir de forma justa, necesitamos contar con las herramientas adecuadas para responder con rapidez y eficacia a las infracciones de la legislación de protección al consumidor. Una aplicación centralizada de las normas de la UE en materia de protección al consumidor ayudará a gestionar con celeridad los casos de mayor impacto, aumentando la disuasión de dichas normas, protegiendo a las empresas honestas de la competencia desleal y salvaguardando a los consumidores de posibles perjuicios. Por ello, la revisión del Reglamento CPC propone:
- Otorgar a la Comisión poderes directos para investigar casos de gran envergadura con un impacto significativo en los consumidores de todo el Mercado Único, con multas de hasta el 6 % de la facturación anual mundial de una empresa.
- Agilizar y mejorar la coordinación de las autoridades nacionales de protección al consumidor en casos transfronterizos, estableciendo plazos para los pasos clave y mejorando la coordinación de las sanciones, por ejemplo, cuando las multas se cobran en diferentes jurisdicciones.
- Reforzar la aplicación de la normativa contra las empresas no pertenecientes a la UE, exigiéndoles que designen un representante legal en la UE para cooperar con las autoridades nacionales y la Comisión.
Próximos pasos
Las propuestas serán ahora objeto de debate en el Parlamento Europeo y en el Consejo.
Fondo
La Comisión anunció la revisión del Reglamento CPC y de la Ley de Equidad Digital en su Agenda 2030 para el Consumidor. Esta última también se incluyó en el Programa de Trabajo de la Comisión para 2026, y la revisión de las normas de aplicación de la ley en materia de protección del consumidor figura en la hoja de ruta «Una Europa, un mercado». Estas medidas responden a las demandas de una mayor aplicación de la ley y protección contra las prácticas digitales desleales.
La propuesta de una Ley de Equidad Digital se basa en las conclusiones de la Evaluación de Aptitud de la Equidad Digital de la Comisión de 2024. El Reglamento CPC estableció la Red CPC, que reúne a las autoridades nacionales de protección del consumidor para investigar y abordar las infracciones transfronterizas de la legislación de la UE en materia de consumo. Actualmente, la Comisión no puede hacer cumplir directamente estas normas, pero facilita las acciones coercitivas de la CPC en casos de infracciones generalizadas con dimensión europea. Desde que el Reglamento entró en vigor en 2020, la Red ha llevado a cabo más de 30 acciones coordinadas de aplicación de la ley. La propuesta de revisión de la CPC se basa en las conclusiones del informe de aplicación de 2024, que identificó varias deficiencias en el sistema de aplicación actual.
Más información: Comisión Europea







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