La Comisión Europea ha publicado su quinto Informe anual sobre el Estado de Derecho de 2024

La Comisión ha publicado su quinto Informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que examina sistemática y objetivamente la evolución del Estado de Derecho en todos los Estados miembros en igualdad de condiciones. En comparación con la primera edición del Informe sobre el Estado de Derecho adoptado en 2020, los Estados miembros y la UE en su conjunto están mucho mejor preparados para detectar, prevenir y abordar los retos emergentes. Esto contribuye a la resiliencia de nuestras democracias europeas y a la confianza mutua en la UE. También contribuye al buen funcionamiento del mercado único y beneficia al entorno empresarial que fomenta la competitividad y el crecimiento sostenible.

Desde su primera publicación en 2020, el informe se ha convertido en un verdadero motor de reformas positivas: Dos tercios (68 %) de las recomendaciones formuladas en 2023 se han abordado, total o parcialmente. Sin embargo, en algunos Estados miembros persisten preocupaciones sistemáticas y la situación se ha deteriorado aún más. Estas preocupaciones se abordan en las recomendaciones del informe de este año. En el presente informe no se formulan recomendaciones para los países candidatos, ya que las recomendaciones para estos países se formulan exclusivamente en el contexto del paquete de ampliación anual.

El informe de este año incluye, por primera vez, cuatro capítulos sobre la evolución de la situación en Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. La inclusión de estos países candidatos, los más avanzados en el proceso, en el Informe sobre el Estado de Derecho apoyará sus esfuerzos de reforma, ayudará a las autoridades a seguir avanzando en el proceso de adhesión y a prepararse para seguir trabajando en el ámbito del Estado de Derecho como futuro Estado miembro.

Más de 7 de cada 10 ciudadanos de la UE están de acuerdo en que la UE desempeña un papel importante a la hora de ayudar a defender el Estado de Derecho en su país, según una encuesta especial del Eurobarómetro publicada hoy. Cerca de 9 de cada 10 ciudadanos de la UE consideran importante que todos los Estados miembros respeten los valores fundamentales de la UE, una opinión estable desde 2019. Además, el sentimiento de estar informado sobre los valores fundamentales de la UE ha mejorado significativamente en muchos países: en conjunto, el 51 % de los ciudadanos de la UE se sienten bien informados sobre los valores fundamentales y el Estado de Derecho de la UE, frente al 43 % en 2019.

El informe de 2024, al igual que todos los años, incluye una Comunicación en la que se examina la situación en la UE en su conjunto y 27 capítulos (uno por país) en los que se analiza la evolución en cada Estado miembro. El informe también incluye una evaluación de las recomendaciones propuestas el año anterior y, sobre esta base, formula, una vez más, recomendaciones específicas dirigidas a todos los Estados miembros.

El informe abarca cuatro pilares: los sistemas judiciales nacionales, los marcos de lucha contra la corrupción, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios.

Principales conclusiones y recomendaciones

Reformas en el ámbito de la justicia

Las reformas en el ámbito de la justicia han seguido ocupando un lugar destacado en la agenda política durante el último año, y muchos Estados miembros han seguido las recomendaciones de 2023 y han aplicado las reformas acordadas en el contexto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Varios Estados miembros han iniciado o han seguido avanzando con importantes reformas para reforzar la independencia judicial. Han emprendido esfuerzos legislativos para reforzar la independencia y la eficacia de los Consejos del Poder Judicial, mejorar los procedimientos de nombramiento de los jueces, también en lo que respecta a sus más altos tribunales, o reforzar la autonomía de las fiscalías. Al mismo tiempo, persisten algunas preocupaciones sistémicas en relación con la independencia judicial y se han observado casos específicos de deterioro. Los Estados miembros también han introducido medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia, así como a facilitar el acceso a la misma. Sin embargo, en varios Estados miembros, la remuneración de jueces y fiscales es motivo de preocupación y ha planteado dificultades para contratar personal judicial cualificado.

Por consiguiente, el informe de este año recomienda a los Estados miembros que aborden retos como la necesidad de salvaguardias en los procedimientos de nombramiento de jueces tanto para los tribunales de instancias inferiores como para los puestos de alto nivel, la autonomía de las fiscalías o la necesidad de proporcionar recursos adecuados al poder judicial, también en lo que respecta a los salarios.

En los países candidatos, se han emprendido importantes reformas, también a nivel constitucional, para reforzar la independencia judicial y la calidad de los sistemas judiciales. Sin embargo, es necesario seguir trabajando, en particular en ámbitos relacionados con el funcionamiento de los órganos de autogobierno del poder judicial y con los nombramientos judiciales.

Marcos de lucha contra la corrupción

La corrupción sigue siendo una grave preocupación para los ciudadanos y las empresas de la UE, según los resultados de la encuesta especial y de la encuesta Eurobarómetro Flash de 2024 sobre las actitudes de los ciudadanos y las empresas frente a la corrupción en la UE.

Los resultados del Eurobarómetro especial muestran que los europeos siguen preocupados por los esfuerzos de los gobiernos nacionales para hacer frente a la corrupción: El 65 % de los ciudadanos cree que los casos de corrupción de alto nivel no se persiguen suficientemente, y solo el 30 % cree que los esfuerzos gubernamentales para luchar contra la corrupción son eficaces. Del mismo modo, el 51 % de las empresas con sede en la UE cree que las personas o empresas que participan en prácticas corruptas son descubiertas o delatadas a las autoridades. De estas empresas, alrededor de tres cuartas partes creen que unos vínculos demasiado estrechos entre las empresas y la política conducen a la corrupción (79 %) y que el favoritismo y la corrupción socavan la competencia empresarial (74 %). En toda la UE, una media del 68 % de los ciudadanos y del 64 % de las empresas con sede en la UE consideran que la corrupción está muy extendida en sus Estados miembros.

Desde el año pasado, los Estados miembros han mejorado su panorama institucional para luchar mejor contra la corrupción, en particular aumentando los recursos y la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fiscalías y el poder judicial. Al mismo tiempo, son necesarias nuevas medidas para reforzar los marcos preventivos, como los que rigen las actividades de los grupos de presión y los conflictos de intereses y las normas de declaración de patrimonio, así como para garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los casos de corrupción. Esto se refleja en las recomendaciones de este año.

En los países candidatos se reforzaron las disposiciones jurídicas e institucionales, aunque es necesario seguir reforzando la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción.

Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

Desde el último Informe sobre el Estado de Derecho, varios Estados miembros han adoptado medidas concretas para mejorar la seguridad y el entorno de trabajo de los periodistas, también a la luz de iniciativas de la Comisión como el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), ya en vigor y plenamente aplicable a partir de agosto de 2025, la Directiva y la Recomendación sobre demandas estratégicas contra la participación pública y la Recomendación sobre la seguridad de los periodistas.

Además, las tareas y competencias de varios reguladores nacionales de los medios de comunicación se han ampliado y prorrogado, también debido a la entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales de la UE, así como a la nueva creación o ampliación de los registros de propiedad en línea.

Sin embargo, en varios Estados miembros persisten preocupaciones en relación con la gobernanza independiente o la estabilidad financiera de los organismos de radiodifusión de servicio público, la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, el derecho de acceso a los documentos públicos y la asignación transparente y equitativa de la publicidad estatal. La Comisión ha formulado, una vez más, varias recomendaciones sobre todos estos ámbitos, incluida la seguridad de los periodistas.

En los países candidatos existen retos, en particular en lo que se refiere a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, la independencia de los reguladores o de los servicios públicos y la seguridad de los periodistas, aunque también se han llevado a cabo reformas en algunos de ellos para abordar algunas de estas cuestiones.

Controles y equilibrios institucionales

Los Estados miembros han seguido mejorando la calidad de sus procesos legislativos e implicando a las partes interesadas en estos procesos, una tendencia observada en los anteriores informes sobre el Estado de Derecho. Algunos Estados miembros reforzaron el estatuto y los recursos de las instituciones nacionales de derechos humanos, los defensores del pueblo y otras autoridades independientes. También han proseguido las iniciativas para reforzar el marco y la financiación de la sociedad civil en varios Estados miembros.

Sin embargo, siguen existiendo retos en varios Estados miembros, como el uso excesivo de procedimientos acelerados o la calidad general de la legislación, así como en la consulta a las partes interesadas. La sociedad civil y los defensores de los derechos humanos se han enfrentado cada vez a más retos, restricciones legales y ataques, incluidas restricciones sistémicas de sus operaciones en determinados Estados miembros. Esta es una tendencia preocupante ya señalada en el informe anterior.

Para abordar los problemas detectados, la Comisión ha formulado recomendaciones relacionadas con el funcionamiento del proceso legislativo, el establecimiento y el funcionamiento de autoridades independientes y el entorno propicio para la sociedad civil.

En los países candidatos, siguen existiendo retos en relación con el seguimiento sistemático de las recomendaciones de las instituciones del Defensor del Pueblo y otros organismos independientes. También se observan retos en relación con la calidad de la legislación y las consultas con las partes interesadas.

Más información: Comisión Europea