Investigación e Innovación

El 10 de marzo de 2020, la Comisión Europea presentó su Comunicación sobre «Una nueva estrategia industrial para Europa». La estrategia tenía como objetivo apoyar la doble transición hacia una economía verde y digital, hacer que la industria europea sea más competitiva a nivel mundial y reforzar la autonomía estratégica de Europa. Al día siguiente de la presentación de esta nueva estrategia, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia, marcando el inicio de la crisis económica más grave de la historia de Europa. La crisis del COVID-19, y ahora la crisis geopolítica, han puesto al descubierto las dependencias estratégicas de la UE, y han creado una necesidad más acuciante de acelerar la recuperación y garantizar que Europa pueda asumir un papel de liderazgo en las tecnologías verdes y digitales. La actualización de la nueva estrategia industrial anunciada el 5 de mayo de 2021 responde a estas necesidades y al llamamiento de los líderes europeos a una ambiciosa política industrial europea para que la industria de la UE sea más sostenible, más ecológica, más competitiva a nivel mundial y más resistente. El papel de la sociedad civil es crucial en este contexto: solo la cooperación conjunta entre los Estados miembros, las instituciones europeas, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil creará el entorno adecuado para que la industria europea crezca.

Aunque Bielorrusia ya se resistió anteriormente a las presiones para profundizar en la cooperación militar con Rusia, tras la represión de las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2020, Alexander Lukashenka se ha mostrado menos reacio a entablar una cooperación más estrecha, lo que indica su creciente dependencia de Moscú. La cooperación militar entre Rusia y Bielorrusia comprende dimensiones multilaterales, incluso en el marco institucional de la OTSC, y bilaterales, en particular en el marco de la Unión de Estados de Rusia y Bielorrusia. Rusia lleva tiempo presionando a Bielorrusia para que acoja una base militar permanente. En marzo de 2021, Lukashenka aceptó finalmente la presencia de una unidad militar conjunta bielorrusa-rusa, que incluye fuerzas rusas con capacidad de combate. Desde 2020, las maniobras militares conjuntas ruso-bielorrusas han aumentado considerablemente. El ejercicio Union Resolve 2022 supuso el mayor despliegue de tropas y armamento ruso en Bielorrusia. Este despliegue masivo resultó ser el preludio de la invasión rusa de Ucrania, una guerra en la que Bielorrusia desempeña actualmente un papel activo. La intensificación de la cooperación militar entre Rusia y Bielorrusia tiene graves implicaciones regionales, incluso para la iniciativa de la Asociación Oriental de la UE.

La composición de las asambleas políticas y de los ejecutivos en todos los niveles territoriales no refleja con demasiada frecuencia la diversidad de género de las poblaciones que representan, estando las mujeres significativamente infrarrepresentadas en muchos casos. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) hace un seguimiento periódico de esta situación en la Unión Europea (UE) y sus 27 Estados miembros (UE-27).

El estudio revisó las disposiciones de gobernanza del EEI en 2015-2020 y el sistema de seguimiento e indicadores. La Comunicación revitalizada sobre el EEI de septiembre de 2020, las subsiguientes conclusiones del Consejo y el nuevo Pacto sobre el EEI han desarrollado el enfoque del nuevo EEI. Se elaboró una evaluación del enfoque propuesto para las disposiciones de gobernanza y el nuevo sistema de seguimiento e indicadores en forma de un cuadro de indicadores del EEI y un marco más amplio de seguimiento del rendimiento. Se incorporaron las lecciones aprendidas hasta la fecha y un modelo de gobernanza a varios niveles y basado en la asociación.

El demandante se quejaba, en particular, de que el proceso penal contra él había infringido el artículo 6 del Convenio, ya que había sido condenado sobre la base de pruebas falsificadas; no se le había dado la oportunidad de impugnar efectivamente dichas pruebas y de aportar pruebas a su favor. El demandante también se quejó de que la incautación del expediente de su caso en el despacho de su abogado había violado su derecho a la solicitud individual sin obstáculos, según el artículo 34 del Convenio.

El asunto tiene su origen en una demanda (nº 28470/12) contra la República de Moldavia presentada ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por una sociedad constituida en Moldavia, ÎM «Noile Idei Televizate» S.R.L. – NIT S.R.L. («la sociedad demandante»), el 11 de mayo de 2012.