Investigación e Innovación

El presente asunto se refiere a la reclamación de los demandantes de que las decisiones de las autoridades nacionales que les ordenaban el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales habían vulnerado su derecho al disfrute pacífico de sus posesiones, garantizado por el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio.

El Cuadro de Indicadores de 2022 mantiene la estructura general de las ediciones anteriores al analizar los datos sobre la independencia, la calidad y la eficiencia de los sistemas judiciales nacionales. Al mismo tiempo, es una herramienta en evolución. Esta 10ª edición responde a la necesidad actual de disponer de más información comparativa para el Informe anual sobre el Estado de Derecho y para el seguimiento de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia, y profundiza en el análisis en las subáreas pertinentes. En cuanto a la eficiencia, el seguimiento se amplía para abarcar la duración de los procedimientos de las autoridades administrativas en ámbitos específicos del Derecho de la UE. En cuanto a la calidad, se dispone de nuevas cifras sobre las disposiciones específicas de acceso a la justicia (en particular para las personas con discapacidad y para los procedimientos adaptados a los niños), y sobre las garantías jurídicas en relación con las decisiones o la inacción de las autoridades administrativas. En cuanto a la independencia, los lectores pueden encontrar nuevos gráficos sobre la percepción de las empresas de la eficacia de la protección de las inversiones por parte de la ley y los tribunales. Las innovaciones en los indicadores de independencia estructural incluyen información sobre las autoridades que participan en los controles de seguridad de los jueces y las salvaguardias relativas al empleo temporal de jueces o fiscales en puestos políticos, cuestiones ambas delicadas que requieren las debidas salvaguardias de independencia e imparcialidad.

El caso se refiere a la inspección realizada por los representantes del gobierno local de Gyöngyöspata en el domicilio del demandante.

El caso se refiere a una reclamación presentada en virtud del artículo 8 del Convenio en relación con las medidas de protección de la infancia adoptadas con respecto a X, el hijo menor de la demandante.

La solicitud se refiere a la supuesta falta de protección por parte del Estado de la demandante frente al acoso, los ataques homófobos y las amenazas a causa de su orientación sexual, así como a la falta de investigación efectiva de sus denuncias. La demandante se basó en los artículos 3, 8, 13 y 14 del Convenio.

La solicitud se refiere a las condiciones de detención del demandante en la prisión preventiva de Nubarashen y a la supuesta falta de recursos efectivos al respecto. Plantea cuestiones relativas al artículo 3 y al artículo 13 del Convenio.