Investigación e Innovación

El 24 de febrero de 2022, las fuerzas armadas rusas lanzaron una invasión a gran escala de Ucrania. Como consecuencia de esta agresión no provocada e injustificada, importantes zonas del territorio ucraniano se convirtieron en zonas de guerra de las que huyeron muchas personas. La Comisión Europea apoya a Ucrania con ayuda de emergencia y está cooperando estrechamente con los países vecinos de Ucrania para ayudarles a proporcionar protección a las personas que huyen de la invasión. Además, la Unión Europea ha adoptado amplios y contundentes paquetes de sanciones contra Rusia. Desde el segundo semestre de 2021, se ha producido un fuerte aumento de los precios de la energía en la UE (y en todo el mundo). El precio de los combustibles ha subido aún más como consecuencia de la guerra en Ucrania. Esto también ha provocado inquietud en relación con la seguridad del suministro energético en la UE, y la decisión de Rusia de suspender las entregas de gas a varios Estados miembros de la UE ha incidido aún más en la situación. La Comisión Europea ha propuesto el plan de acción «REPowerEU», cuyo objetivo es independizar a Europa de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030.

Los terremotos del 6 de febrero afectaron a unos 8,8 millones de personas en Siria y provocaron destrucción y daños masivos en infraestructuras, como instalaciones sanitarias, escuelas y edificios residenciales en las provincias de Idlib, Alepo, Lattakia y Hama. Hubo un gran desequilibrio en el volumen de ayuda humanitaria y la rapidez de las respuestas de emergencia de los actores regionales e internacionales a favor del régimen sirio en comparación con las zonas controladas por los rebeldes en el noroeste. El régimen sirio instrumentalizó la crisis humanitaria y sus efectos destructivos para regular, o al menos influir, en la organización y el suministro de ayuda humanitaria en el país. En las zonas bajo su control, Damasco intervino para supervisar la organización de la ayuda humanitaria a través de sus instituciones y redes de poder con el fin de reforzar su dominio sobre la sociedad.

El programa de trabajo 2023-2024 del CCI se centra en el establecimiento de prioridades y en los puntos fuertes del CCI: anticipación, integración e impacto de las políticas de la UE y excelencia científica. Nos permite anticiparnos a lo que se nos viene encima, más allá de la última crisis, para poder proporcionar la base científica de las futuras iniciativas políticas. Integra el trabajo del CCI en todos los ámbitos científicos y políticos, y crea vínculos entre los distintos ámbitos científicos y políticos dentro y fuera de la Comisión, ya que los retos a los que nos enfrentamos son tan complejos que un único ámbito de la ciencia rara vez puede aportar todas las respuestas necesarias. Ayuda a los responsables políticos a seguir y evaluar el impacto de sus políticas. Refuerza las asociaciones con los servicios de la Comisión y con las partes interesadas externas, como los Estados miembros, las agencias europeas, las organizaciones internacionales y los institutos de investigación. Apoya las prioridades políticas de la Comisión y múltiples iniciativas incluidas en el programa de trabajo de la Comisión 2023 con sus 33 carteras.

Este estudio documenta el pobre historial de aplicación de las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo y analiza las novedades que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) podría aportar a la gobernanza económica de la UE. Aunque es demasiado pronto para evaluar el éxito del DRR, este estudio extrae lecciones para el futuro del marco de gobernanza económica de la UE a partir de ciertos aspectos del diseño del DRR y de la evaluación por parte de la Comisión Europea de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Este documento ha sido facilitado por la Unidad de Gobernanza Económica y Control de la UEM a petición de la Comisión ECON.

El Código de Conducta de la UE sobre prácticas comerciales y alimentarias responsables (en lo sucesivo, el Código) se puso en marcha el 5 de julio de 2021. Establece las acciones que los actores «entre la granja y el tenedor» pueden comprometerse voluntariamente a emprender para mejorar y comunicar sus resultados en materia de sostenibilidad. El Código incluye un conjunto de siete objetivos a los que se aspira, cada uno de ellos con metas específicas y una lista de acciones indicativas, tangibles y mensurables. Tanto las empresas como las asociaciones sectoriales pueden ser signatarias del Código. Este estudio fue encargado por la Comisión Europea y realizado por Ipsos. Su principal objetivo es revisar y mapear los compromisos adquiridos en virtud del Código, con el fin de identificar en qué medida éstos se alinean con los objetivos del Código, y desarrollar una comprensión detallada de los diferentes signatarios y sus características. Este informe presenta los resultados de la primera oleada de este análisis, que abarca los compromisos e informes disponibles a 31 de julio de 2022.

Con esta contribución, el Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación (CMPF) del Instituto Universitario Europeo ofrece su opinión sobre algunos aspectos de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco común para los medios de comunicación (Ley Europea de Libertad de los Medios) y por la que se modifica la Directiva 2010/13 UE (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (en adelante «Propuesta de Reglamento EMFA» o simplemente «Propuesta EMFA»). Con este comentario, el CMPF quiere contribuir al debate actual sobre la ley y abordar algunas cuestiones que son relevantes para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, tal y como se ha identificado en nuestro trabajo en el «Media Pluralism Monitor» (MPM) y el «Study on media plurality and diversity online» y se ha discutido en debates recientes organizados por el CMPF.El CMPF acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea de dedicar más atención y recursos a la protección y mejora del sector de los medios de comunicación en la UE, dada la implicación democrática crucial de garantizar el acceso a noticias libres, plurales e independientes.