Investigación e Innovación

El caso se refiere a la condena del demandante por asesinato basada, en particular, en la declaración previa al juicio de un coacusado que se había negado a declarar ante el tribunal. Antes de ser interrogado, la policía no informó al acusado de su derecho a un abogado de oficio. El caso plantea cuestiones en virtud del artículo 6 §§ 1 y 3 (d) del Convenio.

El asunto se refiere a los intentos de los demandantes – el antiguo Rey de Bulgaria (1943-46) y su hermana – de obtener la restitución de antiguas propiedades de la Corona. Se trata, en particular, de una moratoria sobre la explotación comercial de algunas de estas propiedades, que estaban en posesión de los demandante

El recurso se refiere a la no ejecución de sentencias nacionales firmes favorables a los demandantes en virtud de las cuales se obligaba a un ayuntamiento a iniciar un procedimiento de privatización para la venta de una propiedad a los demandantes en condiciones preferentes. En una sentencia anterior (véase Stoyanov y Tabakov c. Bulgaria, no. 34130/04, de 26 de noviembre de 2013, en lo sucesivo «sentencia del Tribunal de 2013»), relativa a una demanda presentada por los mismos demandantes en relación con el mismo procedimiento de privatización, el Tribunal declaró que se habían vulnerado el artículo 6 § 1 del Convenio, el artículo 1 del Protocolo n.º 1 del Convenio y el artículo 13 del Convenio en relación con las disposiciones mencionadas.

El asunto tiene su origen en una demanda (nº 38263/08) contra la Federación Rusa presentada ante el Tribunal en virtud del artículo 33 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por Georgia el 11 de agosto de 2008.

La demanda se refiere principalmente a la queja de la demandante sobre la falta de protección de su derecho a la reputación por parte de los tribunales nacionales y plantea cuestiones principalmente en virtud del artículo 8 del Convenio.

El demandante se quejaba de que el proceso penal contra él por tráfico de drogas había infringido el artículo 6, apartados 1 y 3, letra c), del Convenio porque, entre otras cosas, había sido condenado sobre la base de pruebas falsas o poco fiables; no se le había dado la oportunidad de impugnar efectivamente esas pruebas y de aportar pruebas a su favor; y durante los interrogatorios iniciales en la fase de instrucción del proceso penal contra él se le había privado del acceso a una asistencia jurídica efectiva.