La Comisión Europea ha adoptado la decisión de registrar una Iniciativa Ciudadana Europea denominada «Respeto del Estado de derecho en la Unión Europea».
Con ella se pretende crear un «mecanismo objetivo e imparcial de evaluación que permita comprobar la aplicación de los valores de la Unión Europea por todos los Estados miembros». En concreto, los organizadores instan a la Comisión a que «promulgue legislación de carácter general […] destinada a comprobar la aplicación práctica de las disposiciones nacionales relativas al Estado de derecho». Además, los organizadores aspiran a «facilitar la efectiva aplicación de la legislación europea sobre cooperación judicial en materia penal (en particular, la orden europea de detención y entrega) y a consolidar el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El registro de esta iniciativa se producirá el 8 de abril de 2019, momento que dará comienzo a un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que, en ese plazo de un año, la iniciativa recabe un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá analizarla y pronunciarse al respecto en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá motivar su decisión.
Contexto
El Tratado de Lisboa introdujo la Iniciativa Ciudadana Europea, que se puso en marcha como herramienta en manos de los ciudadanos para definir la agenda política en abril de 2012, momento en el que entró en vigor el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana por el que se aplican las disposiciones del Tratado. En 2017, como parte del Discurso del Presidente Juncker sobre el estado de la Unión, la Comisión Europea presentó una serie de propuestas de reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea para facilitar aún más su utilización. En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron esa reforma. Las normas revisadas empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2020.
Una vez registrada oficialmente, la Iniciativa Ciudadana Europea permite que un millón de ciudadanos procedentes de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE solicite a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.
Los requisitos de admisibilidad son que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria y que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.
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Iniciativas Ciudadanas Europeas abiertas a la recogida de firmas
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