La Comisión Europea ha lanzado un procedimiento de infracción enviando una carta de aviso formal a Polonia con respecto a la ley polaca sobre el Tribunal Supremo.
Medidas
El 3 de julio, 27 de los 72 jueces del Tribunal Supremo corren el riesgo de verse obligados a retirarse -más de uno de cada tres jueces- debido a que la nueva ley polaca sobre el Tribunal Supremo reduce la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo de 70 a 65. Esta medida también se aplica al Primer Presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años se rescindirá prematuramente. De acuerdo con la ley, los jueces actuales tienen la posibilidad de declarar su voluntad de que su mandato sea prolongado por el Presidente de la República, que puede otorgarse por un período de tres años y renovarse una vez. No existen criterios establecidos para la decisión del Presidente y no hay posibilidad de una revisión judicial de esta decisión.
La Comisión opina que estas medidas menoscaban el principio de independencia judicial, incluida la inamovilidad de los jueces, y, por consiguiente, Polonia no cumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, leído en relación con el artículo 47 del Tratado. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Si bien la ley del Tribunal Supremo de Polonia ya se debatió en el diálogo sobre el estado de derecho entre la Comisión y las autoridades polacas, no se ha abordado satisfactoriamente a través de este proceso. La Comisión considera que la introducción de una consulta del Consejo Nacional para el Poder Judicial (CNJ) no constituye una salvaguardia efectiva, como sostienen las autoridades polacas. La opinión del NCJ no es vinculante y se basa en criterios vagos. Además, tras la reforma del 8 de diciembre de 2017, el NCJ está ahora compuesto por jueces-miembros designados por el Parlamento polaco-lo que no está en línea con las normas europeas sobre independencia judicial.
Dada la falta de progreso a través del diálogo sobre el Estado de Derecho y la inminente implementación del nuevo régimen de jubilación para los jueces del Tribunal Supremo, la Comisión decidió iniciar este procedimiento de infracción con carácter de urgencia. El gobierno polaco tendrá un mes para responder a la Carta de notificación formal de la Comisión. Al mismo tiempo, la Comisión está dispuesta a continuar el diálogo en curso sobre el estado de derecho con Polonia, que sigue siendo el canal preferido de la Comisión para resolver la amenaza sistémica al estado de derecho en Polonia.
Antecedentes
El estado de derecho es uno de los valores comunes en los que se basa la Unión Europea. Está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. La Comisión Europea, junto con el Parlamento Europeo y el Consejo, es responsable bajo los Tratados de garantizar el respeto del estado de derecho como un valor fundamental de nuestra Unión y asegurarse de que se respeten la legislación, los valores y los principios de la UE. Los eventos en Polonia llevaron a la Comisión Europea a entablar un diálogo con el Gobierno polaco en enero de 2016 bajo el Marco del Estado de Derecho. La Comisión mantiene al Parlamento Europeo y al Consejo informados regularmente y de cerca. El 29 de julio de 2017, la Comisión inició un procedimiento de infracción de la Ley de tribunales ordinarios de Polonia, también por sus previsiones de jubilación y su impacto en la independencia del poder judicial. La Comisión remitió este caso al Tribunal de Justicia el 20 de diciembre de 2017. También el 20 de diciembre de 2017, la Comisión invocó el procedimiento del artículo 7 por primera vez, presentando una propuesta razonada para una decisión del Consejo sobre la determinación de un claro riesgo de violación grave del Estado de derecho por parte de Polonia. En la audiencia del Consejo de Asuntos Generales celebrada en Polonia el 26 de junio, en el contexto del procedimiento del apartado 1 del artículo 7, las autoridades polacas no dieron ninguna indicación de las próximas medidas para abordar las preocupaciones pendientes de la Comisión. La Comisión está dispuesta a continuar el diálogo en curso sobre el estado de derecho con Polonia, que sigue siendo el canal preferido de la Comisión para resolver la amenaza sistémica al estado de derecho en Polonia.
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