Unión de la Seguridad: La Comisión recomienda que se negocien normas internacionales para la obtención de pruebas electrónicas

Ayer, la Comisión Europea expresó su interés en participar en dos negociaciones internacionales sobre normas transfronterizas para obtener pruebas electrónicas.

Dado que en la mayoría de las investigaciones penales se necesita acceder a pruebas en línea y, a menudo, fuera de la UE, existe una necesidad urgente de dotar a las autoridades policiales y judiciales de herramientas rápidas y eficaces aptas para la realidad moderna.

A raíz de las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2018, la Comisión presenta dos mandatos de negociación, uno para negociar con Estados Unidos y otro para el Segundo Protocolo Adicional del Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) del Consejo de Europa. Ambos mandatos, que deben ser aprobados por el Consejo, incluyen salvaguardias específicas sobre protección de datos, privacidad y derechos procesales de las personas.

Dado que en un número cada vez mayor de investigaciones es necesario acceder a pruebas electrónicas, como los mensajes de correo electrónico o los documentos ubicados en la nube, en abril de 2018 la Comisión propuso nuevas normas que facilitan que las autoridades policiales y judiciales puedan seguir las pistas en línea y a través de las fronteras. Al tener su sede fuera de la UE varios proveedores de servicios, los mandatos de hoy completan las nuevas normas para garantizar una mayor cooperación a nivel internacional.

Recomendación de inicio de las negociaciones con Estados Unidos

En la actualidad, los proveedores de servicios con sede en Estados Unidos cooperan con las autoridades policiales europeas de forma voluntaria y no siempre están autorizados, de conformidad con la legislación estadounidense, a responder directamente a las solicitudes europeas de acceso a pruebas electrónicas. El mandato de negociación propuesto por la Comisión tiene por objeto:

• garantizar que las autoridades policiales de la UE y de Estados Unidos puedan acceder a su debido tiempo a las pruebas electrónicas reduciendo el plazo de facilitación de los datos solicitados a 10 días (en la actualidad son necesarios 10 meses por término medio);
• abordar los conflictos jurídicos estableciendo definiciones y tipos de datos cubiertos, aclarando las obligaciones legales y garantizando derechos recíprocos para todas las partes;
• garantizar unas salvaguardias sólidas en cuanto a la protección de datos, la privacidad y los derechos procesales, respetando plenamente los derechos fundamentales y los principios de necesidad y proporcionalidad.

Participación en las negociaciones en el marco del Convenio de Budapest

El Convenio de Budapest es la piedra angular de la cooperación internacional contra la ciberdelincuencia: ofrece un marco global de cooperación para más de 60 países. Una vez esté establecido, el Segundo Protocolo adicional reforzará esta cooperación internacional, en especial en cuanto a la obtención del acceso a las pruebas electrónicas, la mejora de la asistencia jurídica mutua y la realización de investigaciones conjuntas. La Comisión propone hoy un mandato para participar en dichas negociaciones en nombre de la Unión Europea y de sus miembros con el fin de garantizar:

• la compatibilidad del Protocolo con la legislación actual y futura de la UE, inclusive en lo que se refiere al acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas;
• una mayor cooperación internacional a través de una asistencia jurídica mutua más eficaz, incluidas las solicitudes simplificadas, y de la creación de equipos de investigación conjuntos;
• la cooperación directa de las autoridades policiales con los proveedores de servicios en otras jurisdicciones;
• salvaguardias más sólidas para la protección de los datos personales y las prácticas nacionales en materia de acceso transfronterizo a los datos.

Próximos pasos

La Comisión presenta al Consejo dos recomendaciones de mandatos de negociación. A continuación, las recomendaciones serán examinadas por el Consejo, que debe adoptar formalmente una decisión por la que se autorice a la Comisión a entablar negociaciones siguiendo las directrices de negociación establecidas en los mandatos.

Contexto

En alrededor del 85 % de las investigaciones penales se necesitan pruebas electrónicas, y en dos terceras partes de tales investigaciones es necesario obtener pruebas de los proveedores de servicios en línea establecidos en otra jurisdicción. Actualmente, los mayores proveedores de servicios tienen su sede en Estados Unidos. El número de solicitudes a los principales proveedores de servicios en línea sigue aumentando y creció un 84 % en el período 2013-2018.

En la Agenda Europea de Seguridad de abril de 2015, la Comisión se comprometió a examinar los obstáculos a las investigaciones penales. A raíz de los trágicos acontecimientos ocurridos en Bruselas el 22 de marzo de 2016, los ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la UE dieron prioridad a la adopción de medidas para obtener y proteger las pruebas electrónicas de forma más eficiente y eficaz. Desde entonces, la cuestión ha sido debatida en varias ocasiones por ministros de la UE, y, en abril de 2018, la Comisión propuso nuevas normas para el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas. En octubre de 2018, los líderes europeos invitaron a la Comisión a presentar urgentemente mandatos de negociación de los acuerdos internacionales sobre pruebas electrónicas. Esta cuestión también se ha debatido en las últimas reuniones ministeriales en materia de Justicia y Asuntos de Interior entre la UE y Estados Unidos.

Más información

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Preguntas y respuestas: Mandato de cooperación UE-Estados Unidos en materia de pruebas electrónicas

Preguntas y respuestas: Mandato para el Protocolo adicional del Convenio de Budapest

Recomendación por la que se autoriza la apertura de negociaciones entre la UE y Estados Unidos sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas

Recomendación por la que se autoriza la participación en las negociaciones sobre un segundo Protocolo adicional del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (STE n.º 185)

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