El pleno debate el miércoles y vota el jueves nuevas normas para combatir el crimen organizado.
La congelación y confiscación de los ingresos generados a través de actividades delictivas es una de las formas más efectivas de combatir el crimen organizado. Los eurodiputados, reunidos en sesión plenaria en Estrasburgo (Francia) debatirán el miércoles y votarán el jueves nuevas reglas para que este proceso sea más fácil y rápido en operaciones transfronterizas.
Las actividades delictivas generan en Europa alrededor de 110.000 millones de euros anuales, según los cálculos más reciente. El 98,9% de las ganancias criminales permanecieron a disposición de los delincuentes entre 2010 y 2014, según Europol. La oficina europea de policía señala que solo el 2,2% de los beneficios de esa actividad fueron incautados o congelados temporalmente en la UE en ese periodo, y solo el 1,1% fue confiscado definitivamente.
Situación actual
La Unión Europea ya cuenta con varias leyes que regulan la incautación transfronteriza de activos delictivos. Sin embargo, delincuentes y terroristas aprovechan las lagunas legislativas para ocultar sus activos en otros países de la Unión. Los procedimientos y certificados actuales son “complejos e ineficientes”, según reconoce la propia Comisión European, que también apunta a una protección insatisfactoria de los derechos de las víctimas a la restitución y la indemnización.
Nuevas reglas
Las normas existentes serán reemplazadas por un reglamento, directamente aplicable en todos los Estados miembros. El objetivo es que las órdenes para congelar y confiscar estos activos se cumplan más rápido y de forma más efectiva. La nueva legislación incluirá plazos más estrictos para las autoridades y certificados estándar para todos los países de la UE. Cubre todos los delitos penales y prevé una mayor variedad de órdenes de congelación y confiscación. Se dará además prioridad al derecho de las víctimas a una indemnización.
El papel del Parlamento Europeo
El Parlamento ha endurecido las reglas con una cláusula de no reconocimiento en caso de incumplimiento de los derechos fundamentales y un plazo de 45 días para hacer cumplir las órdenes de confiscación. Los eurodiputados también han pedido que se incluyan disposiciones para promover la reutilización de activos confiscados con fines sociales.
“Me complace que hayamos podido dar a las víctimas un lugar importante”, señaló la demócrata liberal francesa Nathalie Griesbeck, responsable de esta negociación en el Parlamento. La eurodiputada también destacó la importancia de la cláusula de no reconocimiento: “Creamos una herramienta esencial, que será más operativa, pero también más justa, y con mejores garantías”, explicó.
Próximos pasos
Después del debate del miércoles y la votación del jueves en el pleno, el reglamento volverá al Consejo para su aprobación final. Se aplicará 24 meses después de su entrada en vigor.
Esta propuesta forma parte de un conjunto de medidas destinadas a combatir la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada. El Parlamento ya aprobó normas más estrictas contra el lavado de dinero y los movimientos de efectivo.
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Estudio del Parlamento Europeo
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