Derecho

Update no. 242 on the situation of Covid-19 with 10.910.907 cases in Europe, 1.259.366 cases diagnosed in Spain through a PCR test and 36.495 deaths.

En España, hasta el momento se han notificado un total de 1.259.366 casos confirmados de COVID-19 por PCR y 36.495 fallecidos.

El caso se refiere a la detención y la prisión preventiva del demandante, en particular si su privación de libertad se basó en una sospecha razonable de que había cometido un delito como se exige en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 5 de la Convención, y si la continuación de su detención y el procedimiento por el que se autorizó su detención cumplían los requisitos de los párrafos 3 y 4 del artículo 5 de la Convención.

El presente caso se refiere a la denuncia de la demandante de que la sanción de confiscación aplicada con respecto a todo el dinero que había estado transportando a través de Georgia en violación de su deber de declararlo a las autoridades aduaneras había constituido una interferencia desproporcionada en su derecho de propiedad, en violación del artículo 1 del Protocolo Nº 1 de la Convención.

El demandante se quejó, en virtud del artículo 10 del Convenio, de que se le había declarado culpable de la infracción disciplinaria de menoscabar la dignidad del cargo de juez.

El presente caso se refiere a la condena del marido de la primera demandante (N.A.) y de la segunda y tercera demandantes por delitos de drogas cometidos en el contexto de una importación de drogas sobre la que el Estado había ejercido influencia. Los tribunales nacionales determinaron que N.A. y el segundo, pero no el tercer demandante, habían sido incitados por las autoridades del Estado a cometer los delitos. Por consiguiente, redujeron considerablemente las penas de N.A. y del segundo demandante y también atenuaron en general la pena impuesta al tercer demandante. Los demandantes alegaron, en particular, que se había violado el derecho a un juicio justo en virtud del párrafo 1 del artículo 6 de la Convención, ya que N.A. y el segundo y tercer demandantes habían sido condenados por delitos incitados por la policía.