Derecho

El presente caso se refiere a la disolución de la asociación solicitante por decisión de las autoridades administrativas debido a la apertura de un procedimiento de quiebra contra ella. El plan de reestructuración fue aprobado por el tribunal de quiebras y el procedimiento de quiebra se cerró finalmente, con lo que la asociación siguió funcionando. El caso también se refiere a la supuesta falta de imparcialidad del Tribunal Constitucional, dado que uno de los tres jueces de ese tribunal que decidió sobre el recurso de inconstitucionalidad de la asociación solicitante es la esposa del presidente de un club de golf contra el que la asociación había iniciado un procedimiento de ejecución.

La solicitud se refiere a la decisión de privar a la demandante de sus responsabilidades parentales con respecto a su hija, que había estado en acogida, y de autorizar la adopción de la hija por sus padres de acogida. La demandante se quejó de que esas medidas habían dado lugar a una violación de su derecho al respeto de su vida familiar en virtud del artículo 8 del Convenio.

El caso se refiere a una enmienda legislativa que estableció una moratoria de los desalojos durante la crisis de Hungría, a raíz de la amplia morosidad en los préstamos denominados en moneda extranjera. En el contexto de una subasta oficial, esta enmienda tuvo como resultado que el solicitante no pudiera tomar posesión de la propiedad que había comprado en esa subasta.

El caso se refiere a la cuestión de si un laudo por gastos supuestamente excesivos dictado contra el demandante, una asociación ambientalista, por la representación legal de la parte demandada ganadora, una planta de energía nuclear, en la reapertura de las actuaciones equivalía a una injerencia injustificada en los derechos de la asociación demandante en virtud del artículo 1 del Protocolo No. 1 de la Convención.

Update no. 289 on the situation of Covid-19 with 28.588.379 cases in Europe, 2.176.089 cases diagnosed in Spain through a PCR test and 52.878 deaths.

El caso se refiere a la presunta violación de la presunción de inocencia del solicitante por el hecho de que un tribunal civil en última instancia determinó que el solicitante conducía bajo los efectos del alcohol, tras ser absuelto por los tribunales penales por el mismo delito.