Derecho

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 15 de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO 2013, L 180, p. 96).

Para 2019, 21 países de la UE/EEE notificaron 1 463 casos confirmados de tularemia. La tasa de notificación de la UE/EEE para 2019 fue de 0,3 casos por cada 100 000 habitantes. La proporción entre hombres y mujeres fue de 1,5:1. Al igual que en años anteriores, la tasa de notificación entre los hombres fue mayor en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 0 a 4 años. Las tasas de notificación aumentaron con la edad y alcanzaron su punto máximo entre los 45 y los 64 años.

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 19 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO 2003, L 283, p. 51), al aplicar, en virtud de la legislación regional adoptada por la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Región Autónoma de Friul-Venecia Julia, Italia), una reducción de los tipos del impuesto especial sobre la venta de gasolina y gasóleo de automoción a los residentes de dicha región.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 2, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO 2005, L 124, p. 1).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24) (en lo sucesivo, así como del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Este protocolo de vigilancia pretende permitir que los países comuniquen sus datos nacionales de vigilancia existentes sobre el COVID-19 en los LTCF de forma fácil y regular. Esto permitirá al ECDC informar de las tendencias nacionales en la UE/EEE, con el objetivo de proporcionar a todos los países de la UE/EEE información oportuna para apoyar sus actividades de preparación para los LTCF.