Agricultura y Pesca

Mediante su recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 11 de junio de 2019, De Esteban Alonso/Comisión (T‑138/18, EU:T:2019:398), por la que este la condenó a abonar al Sr. Fernando De Esteban Alonso la cantidad de 62 000 euros en concepto de indemnización por el perjuicio moral que alega haber sufrido como consecuencia de los comportamientos ilegales de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de la Comisión.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 33, apartado 3, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO 2009, L 9, p. 12).

A medida que la pandemia de COVID-19 se extendía por todo el mundo, las autoridades de toda la Unión Europea adoptaron innumerables medidas restrictivas para proteger la vida y la salud de las personas. Éstas interfirieron en una amplia gama de derechos fundamentales, como el de circulación y reunión; el de vida privada y familiar, incluida la protección de los datos personales; y el de educación, trabajo y seguridad social. La pandemia y las reacciones que desencadenó exacerbaron los problemas y las desigualdades existentes en todos los ámbitos de la vida, afectando especialmente a los grupos vulnerables. También provocó un aumento de los incidentes racistas. Este enfoque se centra en el impacto de COVID-19 en los derechos fundamentales. Subraya que un enfoque basado en los derechos humanos para hacer frente a la pandemia requiere medidas equilibradas, basadas en la ley, necesarias, temporales y proporcionales. También requiere abordar el impacto socioeconómico de la pandemia, proteger a los vulnerables y luchar contra el racismo.

Igualdad de género:¿cómo se incorporan las normas de la UE a la legislación nacional? : Turquía 2021

Con Horizonte Europa, la Comisión reafirma su compromiso con la igualdad de género en la investigación y la innovación. La base jurídica establece que la igualdad de género es una prioridad transversal y establece disposiciones reforzadas. La primera parte de esta ficha informativa resume las nuevas disposiciones y requisitos clave introducidos en el Programa. En particular, los planes de igualdad de género pasarán a formar parte de los criterios de elegibilidad de los organismos públicos, las organizaciones de investigación y los centros de enseñanza superior, y la integración de la dimensión de género en el contenido de la investigación y la innovación se convierte en un requisito. Se dedicará financiación específica a la investigación de género e interseccional, al desarrollo de políticas inclusivas de igualdad de género en apoyo del nuevo Espacio Europeo de Investigación y al empoderamiento de las mujeres innovadoras.

Instantánea del IP de Tailandia