Unión Europea

La digitalización de la justicia tiene por objeto facilitar el acceso a la justicia, mejorar su eficiencia general y garantizar la resiliencia de los sistemas judiciales, especialmente en tiempos de crisis. En 2020, como respuesta a la pandemia COVID-19 y su impacto en el ámbito de la justicia, la Comisión emprendió varias iniciativas para intensificar la digitalización de la justicia. La Comunicación sobre la digitalización de la justicia en la Unión Europea, Una caja de herramientas de oportunidades, adoptada en diciembre de 2020, prevé la creación de una herramienta, «Mi espacio e-Justicia», en el Portal Europeo de e-Justicia. Esta herramienta facilitará el acceso a diversos servicios públicos digitales nacionales en el ámbito de la justicia. En varios Estados miembros, los particulares y las personas jurídicas ya tienen acceso en línea a diferentes servicios públicos ofrecidos en línea por el poder judicial y las administraciones públicas. Estos servicios públicos digitales ahorran tiempo, se puede acceder a ellos desde cualquier lugar y están disponibles incluso en situaciones difíciles, como la pandemia COVID-19. Sin embargo, los particulares y las empresas no suelen ser plenamente conscientes de la existencia de estos servicios.

En marzo de 2021, Eurojust y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) firmaron un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) por el que se establecía el Proyecto de Delitos contra la Propiedad Intelectual (IPC) de Eurojust, destinado a impulsar la cooperación y garantizar una respuesta más coherente y sólida contra las infracciones de la propiedad intelectual en toda la UE. El proyecto CIP se centra en la creación, la promoción y el intercambio de conocimientos, herramientas y experiencia, así como en la sensibilización y la prestación de un mayor apoyo jurídico y operativo a las complejas investigaciones transfronterizas en materia de CIP.

En una situación transfronteriza intervienen al menos dos Estados miembros. En tales situaciones, existe el riesgo de que las cotizaciones a la seguridad social no se paguen por/para las personas móviles a la autoridad pública del Estado miembro competente. Además, existe el riesgo de que se abonen indebidamente prestaciones a las personas móviles debido a fraude o error. El capítulo III del título IV del Reglamento de aplicación define los procedimientos y las normas de asistencia mutua para el cobro de tales créditos. Estas disposiciones son muy importantes, ya que un cobro efectivo ayuda considerablemente a atajar el riesgo de fraude y error.

El principio fundamental de las normas de la UE sobre coordinación de la seguridad social1 es que las personas sólo están sujetas a la legislación de un único Estado miembro. Si la persona trabaja, se aplica la legislación del Estado miembro donde se ejerce la actividad económica («lex loci laboris»). En algunas situaciones muy específicas, se aplican otros criterios. Tales situaciones incluyen, entre otras, 1) los trabajadores por cuenta ajena empleados por un empleador que ejerce normalmente sus actividades en un Estado miembro y que son desplazados por dicho empleador a otro Estado miembro para realizar un trabajo por cuenta del mismo (apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de base), 2) las personas que ejercen normalmente una actividad por cuenta propia en un Estado miembro y que van a ejercer una actividad similar en otro Estado miembro (apartado 2 del artículo 12 del Reglamento de base); y 3) las personas que ejercen una actividad por cuenta ajena/propia en dos o más Estados miembros (artículo 13 del Reglamento de base).

En lo que respecta a la seguridad social transfronteriza en la UE, las prestaciones de maternidad y paternidad en metálico pueden exportarse a personas que residan o se encuentren en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente. Este informe presenta datos sobre este tema para el año de referencia 2021. Aunque las prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas también pueden ser en especie, no se recogen datos sobre las prestaciones en especie. El informe se ha elaborado a partir de los datos presentados por los Estados miembros, aunque no siempre está claro si todas las prestaciones mencionadas en él entran en el ámbito de aplicación de las prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas.