Unión Europea

Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Convenio de Lugano II — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Título II, sección 5 (artículos 18 a 21) — Competencia en materia de contratos individuales de trabajo

Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Libre circulación de personas — Directiva 2004/38/CE — Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Artículo 7, apartado 1, letra a) — Trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia — Artículo 7, apartado 3, letra c) — Derecho de residencia por más de tres meses — Nacional de un Estado miembro que ha ejercido una actividad por cuenta ajena en otro Estado miembro durante un período de quince días — Paro involuntario — Mantenimiento de la condición de trabajador durante un período no inferior a seis meses — Derecho al subsidio para solicitantes de empleo (jobseeker’s allowance)

Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Energía — Sector de los gases licuados del petróleo (GLP) — Protección de los consumidores — Obligación de interés económico general — Precio máximo de la bombona de gas — Obligación de suministro domiciliario — Artículo 106 TFUE — Directivas 2003/55/CE, 2009/73/CE y 2006/123/CE — Interpretación de la sentencia de 20 de abril de 2010, Federutility y otros (C‑265/08, EU:C:2010:205) — Principio de proporcionalidad

La empresa demandante alega una violación de sus derechos de propiedad y su derecho a un juicio justo, argumentando que el uso de su marca registrada había sido ilegalmente restringido por interferencia legislativa en los procedimientos judiciales pendientes.

El demandante alega que la policía lo había maltratado para obtener una confesión y que el proceso penal en su contra había sido injusto, ya que la confesión otorgada bajo coacción había sido admitida como prueba y los tribunales se habían negado a llamar a un testigo que inicialmente había presentado evidencia incriminatoria, pero luego se había retractado.

La empresa demandante alega que el juez del tribunal de primera instancia que había resuelto su caso (en la solicitud n. 49440/08) carecía de imparcialidad y que ese tribunal no había sido un «tribunal establecido por ley» para los fines del artículo 6 § 1 del Convenio. Además, que las decisiones de los tribunales nacionales sobre dos artículos que había publicado habían violado su libertad de expresión (artículo 10 de la Convención).