Gracias a la investigación coordinada por la UE a través de Europol y Eurojust, se ha desmantelado en Albania una red delictiva de gran envergadura dedicada al fraude telefónico. La red delictiva gestionaba varios centros de llamadas en Tirana (Albania) y ha causado pérdidas económicas por valor de al menos 50 millones de euros. Estos centros de llamadas estaban montados y organizados de forma profesional, pareciéndose mucho a empresas legítimas. Los estafadores se ponían en contacto con las personas con argumentos falsos, con el fin de obtener dinero en efectivo u objetos de valor.
A medida que la delincuencia se vuelve más sofisticada, internacional y digital, la policía, las aduanas, la fiscalía y los tribunales deben colaborar estrechamente para combatirla de forma eficaz, desde el inicio de una investigación hasta la sentencia judicial definitiva. Esta investigación conjunta, llevada a cabo por las autoridades austriacas y albanesas con el apoyo de Europol y Eurojust, ha permitido desmantelar una red delictiva responsable de una estafa en línea a gran escala.
La operación duró más de dos años y condujo a la detención de diez personas y a la incautación de casi 900 000 euros en efectivo.
Las víctimas eran atraídas a plataformas de inversión en línea falsas a través de anuncios engañosos en las redes sociales o en los resultados de búsqueda en Internet, con promesas de altos rendimientos. Se les convencía de que creyeran en falsas oportunidades de inversión y de que transfirieran grandes sumas de dinero.
Tras registrarse con estos corredores falsos, las víctimas eran contactadas por los denominados «agentes de retención», que se hacían pasar por asesores de inversión o corredores. Estos agentes gestionaban las cuentas de las víctimas durante largos periodos y, a menudo, utilizaban software de acceso remoto para obtener el control total de sus dispositivos electrónicos.
Los estafadores se hacían pasar por expertos profesionales y ejercían presión psicológica para convencer a las víctimas de que invirtieran aún más, prometiéndoles falsamente mayores beneficios.
Los operadores se organizaban en equipos de entre seis y ocho personas, cada uno de los cuales utilizaba un idioma específico para dirigirse a sus respectivos mercados nacionales. Entre los idiomas utilizados se encontraban el alemán, el inglés, el italiano, el griego y el español. El dominio del idioma se utilizaba para generar y reforzar la confianza.
Los autores también volvían a ponerse en contacto con víctimas que ya habían perdido dinero a través de plataformas fraudulentas, ofreciéndoles servicios para recuperar sus fondos. A las personas interesadas se les indicaba que abrieran cuentas en plataformas de criptomonedas y realizaran un depósito inicial de 500 euros. Los operadores, que utilizaban nombres de usuario y actuaban bajo seudónimos, persuadían a las víctimas para que realizaran este pago inicial con la intención de estafarlas de nuevo.
La investigación fue iniciada inicialmente por las autoridades austriacas debido al gran número de víctimas identificadas en Viena en torno a junio de 2023. En abril de 2024, las autoridades austriacas, a través de Europol, se dirigieron a las autoridades albanesas con una solicitud de información sobre una dirección IP sospechosa de ser utilizada por los autores, que se encontraban en Albania.
Con el apoyo de Eurojust, se puso en marcha una investigación conjunta que culminó en una jornada de actuación coordinada el 17 de abril de 2026. Los registros llevados a cabo en tres centros de llamadas y nueve domicilios particulares permitieron incautar 891 735 euros en efectivo, 443 ordenadores, 238 teléfonos móviles, 6 ordenadores portátiles, así como diversos soportes de datos y medios de almacenamiento.
Las víctimas de esta estafa se encontraban repartidas por toda Europa y el resto del mundo, entre otros lugares, en Italia, Alemania, Grecia, España, Canadá y el Reino Unido.
La respuesta de la UE a un panorama delictivo en constante evolución
En junio de 2026, la Comisión propuso nuevas medidas para reforzar la respuesta de la UE ante un panorama delictivo en constante evolución. Las nuevas propuestas abarcan toda la cadena de apoyo de la UE a los Estados miembros, desde la prevención, la detección y la investigación hasta la cooperación judicial y el enjuiciamiento efectivo. Se reforzarán los mandatos de Europol y Eurojust, se revisará la Orden de Investigación Europea y se introducirán modificaciones en el Reglamento de Protección de Datos para las instituciones y organismos de la Unión.
Para más información: Comisión Europea







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