Revisión de la gobernanza económica de la UE: El Consejo adopta la reforma de las normas fiscales

El Consejo ha adoptado tres actos legislativos que reformarán el marco de gobernanza económica y fiscal de la UE.

El principal objetivo de la reforma es garantizar unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, fomentando al mismo tiempo un crecimiento sostenible e integrador en todos los Estados miembros mediante reformas e inversiones.

«La nueva legislación mejorará significativamente el marco existente y proporcionará normas eficaces y aplicables a todos los países de la UE. Salvaguardarán unas finanzas públicas equilibradas y sostenibles, se centrarán más en las reformas estructurales y en las inversiones para estimular el crecimiento y la creación de empleo en toda la UE. Ha llegado el momento de aplicarlas rápidamente», ha declarado Vincent Van Peteghem, Viceprimer Ministro y Ministro de Hacienda de Bélgica.

El objetivo general de la reforma es reducir los ratios de deuda y los déficits de forma gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y las inversiones en ámbitos estratégicos como el digital, el ecológico o el de defensa. Al mismo tiempo, el nuevo marco proporcionará un margen adecuado para las políticas anticíclicas y ayudará a abordar los desequilibrios macroeconómicos existentes.

Medidas preventivas para unas finanzas públicas saneadas

Con arreglo a las nuevas normas, se pedirá a todos los Estados miembros que preparen un plan estructural fiscal nacional a medio plazo que abarque entre 4 y 5 años, dependiendo de la duración de la legislatura nacional. En sus planes, los Estados miembros se comprometen a seguir una senda de gasto público neto plurianual y explican cómo van a realizar inversiones y reformas que respondan a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo, en particular en las recomendaciones específicas por país.

Previamente, la Comisión presentará una «trayectoria de referencia» para la evolución del gasto neto a los Estados miembros cuya deuda pública supere el 60% del producto interior bruto (PIB) o cuyo déficit público supere el 3% del PIB.

La trayectoria de referencia tiene en cuenta los retos de sostenibilidad específicos de cada país e indica cómo los Estados miembros pueden garantizar que, al final de un periodo de ajuste fiscal de cuatro años, la deuda pública se sitúe o permanezca en una senda de reducción plausible o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo.

Las nuevas normas contienen dos salvaguardias que debe cumplir la trayectoria de referencia:

• Una salvaguardia de sostenibilidad de la deuda, para garantizar una disminución mínima de los niveles de deuda pública
• Una salvaguardia de resistencia del déficit, para proporcionar un margen de seguridad por debajo del valor de referencia del déficit público del 3% del PIB establecido en el Tratado, con el fin de crear amortiguadores fiscales.

Los Estados miembros incorporarán una senda de gasto neto en sus planes estructurales fiscales nacionales a medio plazo.

Los planes nacionales, incluidas las sendas de gasto neto, deberán ser aprobados por el Consejo. Una cuenta de control registrará las desviaciones de las sendas de gasto neto específicas de cada país.

Las nuevas normas fomentarán aún más las reformas estructurales y las inversiones públicas que mejoren la sostenibilidad y el crecimiento. Los Estados miembros podrán solicitar una prórroga del plan hasta un máximo de siete años si se comprometen a llevar a cabo una serie de reformas e inversiones que mejoren la resistencia y el potencial de crecimiento, apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes de la UE.

Entre ellas figuran lograr una transición justa, ecológica y digital, garantizar la seguridad energética, reforzar la resiliencia social y económica y, en caso necesario, aumentar las capacidades de defensa.

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Corrección de la deuda y el déficit públicos excesivos

La reforma actualiza el procedimiento de déficit excesivo. Mientras que el procedimiento de déficit excesivo basado en el déficit se mantiene sin cambios, el procedimiento de déficit excesivo basado en la deuda tiene en cuenta el funcionamiento del nuevo marco plurianual. Para poner en marcha un procedimiento de déficit excesivo basado en la deuda, la Comisión elaborará un informe cuando:

• La proporción entre la deuda pública y el PIB supere el valor de referencia
• La situación presupuestaria no esté próxima al equilibrio o en superávit
• Las desviaciones registradas en la cuenta de control del Estado miembro superen 0,3 puntos porcentuales del PIB anualmente, o 0,6 puntos porcentuales del PIB acumulativamente.

En consonancia con la práctica anterior, el Consejo y la Comisión realizarán una evaluación global equilibrada de todos los factores pertinentes que afecten a la evaluación del cumplimiento de los criterios de déficit y/o de deuda del Estado miembro de que se trate.

Estos incluyen, entre otros, el grado de dificultad de la deuda pública, la magnitud de la desviación, la evolución de la situación económica a medio plazo, los avances en la aplicación de las reformas y las inversiones y, en su caso, el aumento del gasto público en defensa.

Como recordatorio, cuando se abra el procedimiento de déficit excesivo sobre la base del criterio de déficit, la senda de gasto neto correctivo deberá ser coherente con un ajuste estructural anual mínimo de al menos el 0,5% del PIB.

Temporalmente, en 2025, 2026 y 2027, la Comisión podrá tener en cuenta el aumento de los pagos de intereses a la hora de fijar la senda correctora propuesta en el marco del procedimiento de déficit excesivo.

La multa en caso de incumplimiento ascenderá hasta el 0,05% del PIB y se acumulará cada seis meses hasta que el Estado miembro afectado tome medidas efectivas.

Las nuevas normas también especifican mejor el funcionamiento de las cláusulas de salvaguardia generales y específicas de cada país.

Próximos pasos

Los tres textos se publicarán mañana en el Diario Oficial de la UE y entrarán en vigor el día de su publicación.

Antecedentes

La gobernanza económica es un pilar fundamental de la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria, desde 1992, cuyo objetivo es prevenir y corregir los desequilibrios macroeconómicos que podrían debilitar las economías nacionales y afectar a otros países de la UE a través de efectos de contagio transfronterizos.

La economía de la UE se ha enfrentado a nuevos retos con la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. En un contexto de aumento de los niveles de deuda y de los tipos de interés y de nuevos objetivos comunes de inversión y reforma vinculados a la doble transición, la UE decidió reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para mejorar aún más su eficacia.

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó un paquete de tres propuestas legislativas: dos reglamentos destinados a sustituir (brazo preventivo) o modificar (brazo corrector) los dos pilares del Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado por primera vez en 1997, y una directiva modificada de 2011 sobre los requisitos de los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

El 21 de diciembre de 2023, el Consejo aprobó formalmente un mandato de negociación con el Parlamento Europeo sobre el Reglamento relativo a la vertiente preventiva y un acuerdo de principio con vistas a consultar al Parlamento Europeo sobre el Reglamento relativo a la vertiente correctora y la Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios nacionales.

El negociador del Consejo fue Vincent Van Peteghem, Viceprimer Ministro y Ministro de Hacienda de Bélgica. Las negociadoras del Parlamento Europeo fueron las coponentes Esther de Lange y Margarida Marques. La Comisión estuvo representada por el Vicepresidente Ejecutivo Valdis Dombrovskis y el Comisario Paolo Gentiloni.

El Consejo Europeo ha dado impulso político a la reforma, la última vez en su reunión de los días 26 y 27 de octubre de 2023.

Más información (solo disponible en inglés): Consejo de la Unión Europea