La UE dispone de herramientas para proteger sus valores y su presupuesto cuando existe riesgo de incumplimiento por parte de un Estado miembro. Descubra cómo funcionan estos mecanismos.
La Unión Europea se basa en los valores comunes que unen a los países miembros y a los europeos. Estos valores se recogen en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Entre ellos figuran el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. El incumplimiento de los valores de la UE por parte de un Estado miembro justifica una reacción a nivel de la UE.
La vulneración de los valores europeos por parte de un Estado miembro justifica una reacción a nivel de la UE.
¿Qué es el Estado de derecho?
El Estado de derecho es uno de los valores de la UE y un principio clave en los países democráticos, ya que contribuye a garantizar la equidad y la transparencia, entre otras cosas.
El principio del Estado de derecho significa que los gobiernos deben atenerse a la ley, que no deben tomar decisiones arbitrarias y que los ciudadanos deben poder reclamar sus actos ante tribunales independientes.
También consagra la lucha contra la corrupción, que favorece injustamente a unos en detrimento de otros, y la salvaguarda de la libertad de los medios de comunicación, garantizando así que el público esté debidamente informado sobre la labor del gobierno.
En los últimos años, el Parlamento Europeo ha dado la voz de alarma sobre el empeoramiento de la situación del Estado de derecho en algunos Estados miembros, como Hungría. Los eurodiputados han tomado medidas y han pedido reiteradamente a la Comisión y a los Estados de la UE que protejan los valores y el presupuesto europeo.
Proteger los valores de la UE. Como funciona el artículo 7 (Available in English)
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El procedimiento bajo el artículo 7 del Tratado de la UE fue introducido por el Tratado de Amsterdam en 1997. Incluye dos mecanismos para proteger los valores de la UE: uno preventivo, que se activa ante un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2; otro de carácter sancionador, que se activa en caso de que se constate la existencia de una violación grave y persistente.
Las posibles sanciones contra el país de la UE en cuestión no están claramente definidas en los tratados de la UE, pero podrían incluir la suspensión del derecho de voto en el Consejo de la UE y en el Consejo Europeo.
En ambos mecanismos, la decisión final debe ser tomada por los representantes de los Estados miembros en el Consejo. Los umbrales para llegar a una decisión son diferentes:.
– Para el mecanismo preventivo, una decisión en el Consejo requiere una mayoría de cuatro quintos de los Estados miembros.
– Para determinar la existencia de una infracción, se requiere la unanimidad de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
El país de la UE afectado no participa en ninguna de las dos votaciones.
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Normas para proteger el presupuesto de la UE
En 2020, los eurodiputados aprobaron un reglamento destinado a proteger los fondos de la UE del mal uso por parte de los gobiernos de los Estados miembros, lo que se conoce como «mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho». El Parlamento ha impulsado que no solo se aplique cuando los fondos de la UE se utilicen de forma indebida directamente, como en los casos de corrupción o fraude, sino también cuando las infracciones sistémicas de los valores fundamentales puedan afectar a la gestión de los fondos de la UE.
Esto significa que respetar el Estado de derecho y otros valores es una condición para que los Estados miembros obtengan fondos de la UE, ya que se puede retener el dinero de los países en los que las infracciones constatadas del Estado de derecho comprometan la gestión de los fondos de la UE.
El Parlamento Europeo cuestiona a Hungría como una democracia plena
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Otras medidas
Si la Comisión considera que un Estado miembro infringe la legislación de la UE, es decir, que no aplica las normas acordadas a nivel comunitario, puede iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que puede dar lugar a sanciones financieras contra el país.
El Parlamento presta mucha atención a la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros, elaborando informes que ponen de manifiesto los problemas y piden que se actúe, como el informe sobre los derechos fundamentales en 2020 y 2021.
Desde 2020, la Comisión Europea publica un informe anual sobre el Estado de Derecho que hace un seguimiento de la evolución positiva y negativa del Estado de Derecho en todos los Estados miembros..
Las acciones del Parlamento respecto al Estado de derecho en Hungría
Los eurodiputados activaron el procedimiento del artículo 7 por primera vez en 2018, cuando decidieron pedir al Consejo que determinara si Hungría corría el riesgo de incumplir los valores fundacionales de la UE.
Plantearon una serie de preocupaciones sobre el funcionamiento de las instituciones del país, incluidos los problemas con el sistema electoral, la independencia del poder judicial y el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos.
El Parlamento ha apoyado una propuesta similar de la Comisión en relación con Polonia.
El 15 de septiembre de 2022, el Parlamento dijo que la situación en Hungría se había deteriorado de tal manera que el país se ha convertido en una «autocracia electoral», un sistema constitucional en el que se celebran elecciones, pero no se respetan las normas y los estándares democráticos. El informe del Parlamento expuso cómo los valores de la UE en el país se han deteriorado aún más desde 2018, a través de los «esfuerzos deliberados y sistemáticos del gobierno húngaro». Los eurodiputados dijeron que la inacción de la UE exacerbó el retroceso democrático, y que una parte de los fondos de la UE debería ser retenida hasta que el país cumpliera con las recomendaciones de la UE y las sentencias judiciales.
El 18 de septiembre, la Comisión propuso suspender el pago de 7.500 millones de euros de fondos de la UE a Hungría por cuestiones de Estado de derecho para garantizar la protección del presupuesto comunitario y los intereses financieros de la UE. Los eurodiputados que impulsaron las normas para proteger el presupuesto de la UE a través del Parlamento acogieron la propuesta con satisfacción. De acuerdo con los procedimientos, los próximos pasos dependen de los Estados miembros y del Consejo.
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