El Parlamento quiere nuevas reglas de la UE para garantizar la rendición de cuentas de las grandes empresas ante el público cuando sus acciones perjudiquen a las personas y al planeta.
El Parlamento aprobó el 10 de noviembre las nuevas normas sobre responsabilidad empresarial que obligarán a las empresas más grandes a abordar los aspectos de sus cadenas de valor que podrían afectar a los derechos humanos, el medio ambiente y las normas sociales.
La nueva legislación introduce requisitos detallados para divulgar sobre el impacto de las empresas en estos temas, basados en criterios comunes en línea con los objetivos climáticos de la UE. El objetivo es acabar con el lavado de imagen verde. Los requisitos deberán fortalecer también la economía social de mercado de la UE e incluso sentar las bases para los estándares de informes de sostenibilidad a nivel mundial.
Normas vinculantes más allá de las fronteras
Las normas se aplicarán a todas las grandes empresas de la UE, tanto si cotizan en bolsa como si no. Las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa también estarán incluidas, pero dispondrán de más tiempo para adaptarse a las nuevas reglas.
El Parlamento defiende que las empresas no comunitarias que tengan una actividad sustancial en la UE (facturación superior a 150 millones de euros) también tendrán que cumplir las nuevas normas.
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«Europa está mostrando al mundo que sí es posible garantizar que las finanzas, en el sentido estricto de la palabra, no gobiernen toda la economía mundial”, afirmó el encargado de la legislación del Parlamento Pascal Durand (Renew Europa, Francia) durante un debate plenario.
En febrero de 2020, la Comisión publicó un estudio que revelaba que solo una de cada tres empresas en la UE toma algún tipo de medidas de diligencia debida, mientras que el 70% de las empresas europeas respaldan las normas de diligencia debida en toda la UE.
El Parlamento pidió a la Comisión en marzo de 2021 que elaborara una ley para proteger mejor los derechos humanos y las víctimas en países no pertenecientes a la UE y prohibir las importaciones vinculadas a violaciones graves de los derechos humanos, como el trabajo forzoso o infantil.
Más información: Parlamento Europeo
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