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La Comisión de Libertades Civiles adopta una reforma de las normas de retorno de la UE

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10 de marzo de 2026

El Comité de Libertades Civiles adoptó el lunes su posición sobre los cambios propuestos a la política de la UE sobre el retorno de ciudadanos no pertenecientes a la UE que se encuentran ilegalmente en la UE.

Con 41 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención, los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles aprobaron sus enmiendas a la propuesta de la Comisión para revisar los procedimientos de retorno de la UE, presentada en marzo de 2025 .

Según el proyecto de ley, las autoridades nacionales competentes deberán expedir una decisión de retorno a cualquier nacional de un Estado miembro de la UE que se encuentre ilegalmente en dicho Estado miembro, la cual impondrá la obligación de abandonar dicho Estado miembro.

Las decisiones de retorno se incluirían en la denominada «orden europea de retorno» y estarían disponibles, a través del Sistema de Información de Schengen , en todo el espacio Schengen. Cualquier país de la UE deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro país de la UE antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión. El país de la UE en cuyo territorio se encuentre el nacional de un tercer país en situación irregular será responsable de garantizar su retorno.

Los eurodiputados insisten en que el presente reglamento debe respetar las funciones esenciales de la responsabilidad nacional, como garantizar la integridad territorial, mantener la ley y el orden y salvaguardar la seguridad nacional.

Los eurodiputados eliminaron una disposición de la propuesta original que habría requerido que los gobiernos de los estados miembros implementaran medidas para detectar a los ciudadanos no pertenecientes a la UE que se encuentran en su país ilegalmente.

Obligación de cooperar

Los nacionales de terceros países sujetos a una decisión de retorno deberán cooperar con las autoridades y se les podrá ofrecer la posibilidad de retorno voluntario. A fin de preparar su retorno efectivo y oportuno, los nacionales de terceros países podrán ser detenidos, por ejemplo, si no cooperan, presentan riesgo de fuga, suponen un riesgo para la seguridad o por cualquier otro factor relevante que impida una expulsión oportuna. Los motivos de la detención se establecerán en la legislación nacional y serán ordenados por las autoridades administrativas o judiciales. La detención también podrá ordenarse para menores no acompañados y familias con niños, como medida de último recurso, por el período más breve posible y teniendo en cuenta el interés superior del niño. El período de detención podrá ser de hasta 24 meses.

Los Estados miembros también pueden ofrecer alternativas a la detención, incluida la presentación de informes periódicos, la obligación de residir en un lugar designado, una garantía financiera o vigilancia electrónica.

Acuerdo con países fuera de la UE para aceptar retornados

La elección del país de retorno variaría en función de la situación del repatriado, teniendo en cuenta el país de origen, el país por el que transitó en su camino hacia la UE y la existencia de un tercer país seguro . Este Reglamento también permitiría la posibilidad de retornar a un país que acepte a la persona en virtud de un acuerdo celebrado con un Estado miembro de la UE o con la UE. Los menores no acompañados no podrán ser trasladados en virtud de dichos acuerdos.

Prohibición de entrada

Si un nacional de un tercer país no ha cumplido una decisión de retorno dentro del plazo establecido para el retorno voluntario, está sujeto a expulsión o representa un riesgo para la seguridad, se le debe emitir una prohibición de entrada a la UE. La duración de la prohibición depende de las circunstancias individuales de cada caso y puede ser permanente si se considera que la persona representa un riesgo para la seguridad.

Mecanismo de vigilancia independiente

Los eurodiputados apoyan la supervisión independiente del respeto de los derechos fundamentales durante las operaciones de expulsión, también a través de los mecanismos existentes pertinentes.

Cita

Malik Azmani (Renew, Países Bajos), ponente, declaró tras la votación: «Hoy, la Comisión de Libertades Civiles ha adoptado su posición. Como ponente, siempre he tenido como objetivo lograr un Reglamento eficiente y viable de forma oportuna. Este resultado sienta las bases para los próximos pasos, y ahora avanzaremos hacia las negociaciones del diálogo tripartito».

Próximos pasos

La decisión de iniciar negociaciones interinstitucionales debe ser respaldada por todo el Parlamento antes de que puedan comenzar las negociaciones con el Consejo sobre la forma final de la ley.

Más información: Parlamento Europeo. 

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