Medio Ambiente

La demanda se refiere a la supuesta violación del artículo 7 y del artículo 5 § 1 del Convenio por la expiración del plazo de ejecución de la pena privativa de libertad que el demandante estaba cumpliendo cuando presentó su demanda ante el Tribunal.

La solicitud se refiere a los supuestos malos tratos sufridos por los demandantes a manos de la policía y a la supuesta falta de investigación efectiva de sus quejas por parte de las autoridades.

La demanda se refiere a la supuesta violación del artículo 7 del Convenio debido a que los tribunales nacionales no aplicaron disposiciones penales más benignas con respecto a los demandantes, con el resultado de que su condena por participar en el delito de malversación de fondos carecía supuestamente de toda base legal.

Mediante su recurso de casación, D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y D.ª Clara Ponsatí i Obiols solicitan la anulación del auto del Vicepresidente del Tribunal General de 30 de julio de 2021, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento (T‑272/21 R, no publicado, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2021:497), por el que se desestimó su demanda de suspensión de la ejecución de las Decisiones P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 y P9_TA(2021)0061 del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre los suplicatorios de suspensión de su inmunidad (en lo sucesivo, «Decisiones controvertidas»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), y de los artículos 54 y 111 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).