Medio Ambiente

Este documento presenta datos sobre los principales elementos de las estrategias nacionales de financiación del riesgo de catástrofes. Comienza con datos sobre la cuantificación y divulgación de los riesgos fiscales relacionados con las catástrofes. Aporta datos sobre el seguro privado de catástrofes, un instrumento de distribución del riesgo, como complemento de la participación financiera del sector público en la ayuda, recuperación y reconstrucción en caso de catástrofe.

Aunque el aumento de la inflación puede haber provocado algunos efectos positivos para los bancos «de primera ronda», pueden producirse varios efectos negativos «de segunda ronda», entre ellos: i) un aumento del riesgo crediticio, que afecta tanto a las familias como a las empresas, especialmente a los «grandes consumidores de energía»; ii) una caída del valor de los activos a tipo fijo en manos de los prestamistas, incluidos los bonos soberanos; iii) presiones sobre la liquidez debidas a la reciente decisión del BCE de aumentar el coste de sus líneas de crédito a tres años pendientes y a una mayor competencia por los depósitos minoristas; iv) riesgos geopolíticos adicionales, incluidos conflictos locales en Kosovo, Taiwán o Corea.

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España:
– ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO 2008, L 152, p. 1),
– ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23, apartado 1, de la citada Directiva, en relación con su anexo XV, en particular la obligación que se establece en el artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, de esta Directiva de velar por que el período de superación de los valores límite fijados para el NO2 sea lo más breve posible

Este estudio analiza las condiciones recientes y actuales relativas a la estabilidad financiera en la zona del euro, se desarrolla, en particular, sobre el impacto de la actual «crisis de inflación» en las vulnerabilidades de la estabilidad financiera, y aborda dos prioridades relacionadas para la Junta Única de Resolución (JUR).

tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia), mediante resolución de 6 de octubre de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de octubre de 2020,

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus ODS están ganando cada vez más impulso como vehículo para fomentar una transición hacia el desarrollo sostenible. La CE es pionera en este proceso de transición y sus prioridades políticas están estrechamente vinculadas a los ODS. Este informe contribuye a la integración de los ODS analizando cómo las iniciativas políticas de la actual Comisión están semánticamente vinculadas a la Agenda 2030 y a los ODS. Los objetivos y metas identificados reflejan bien las prioridades políticas transversales y la respuesta política a los diversos retos que plantea la pandemia Covid-19 (ODS 3 sobre salud y ODS 8 sobre crecimiento económico sostenible).