Medio Ambiente

Mediante su recurso de casación, Intermarché Casino Achats SARL solicita la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 5 de octubre de 2020 en el asunto T-254/17, Intermarché Casino Achats/Comisión (no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2020: 459), mediante la cual ésta desestimó parcialmente su recurso basado en el artículo 263 TFUE y que tenía por objeto la anulación de la Decisión C(2017) 1056 final de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, por la que se ordenaba a Intermarché Casino Achats y a todas las sociedades controladas directa o indirectamente por ella que se sometieran a una inspección con arreglo al artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo (AT. 40466 – Tute 1) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

Mediante su recurso de casación, Casino, Guichard-Perrachon SA (en lo sucesivo, «Casino») y Achats Marchandises Casino SAS (en lo sucesivo, «AMC») solicitan la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 5 de octubre de 2020 en el asunto T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon y AMC/Comisión (en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2020: 458), mediante la cual ésta desestimó parcialmente su recurso basado en el artículo 263 TFUE y que tenía por objeto la anulación de la Decisión C(2017) 1054 final de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, por la que se ordenaba a Casino y a todas las sociedades controladas directa o indirectamente por ella que se sometieran a una inspección con arreglo al artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo (AT. 40466 – Tute 1) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

Mediante su recurso de casación, Les Mousquetaires SAS e ITM Entreprises SAS (en lo sucesivo, «Intermarché») solicitan la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 5 de octubre de 2020 en el asunto T-255/17, Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Comisión (en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2020: 460), mediante la cual este último desestimó parcialmente su recurso basado en el artículo 263 TFUE que tenía por objeto la anulación de la Decisión C(2017) 1057 final de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, por la que se ordenaba a Intermarché y a todas las sociedades controladas directa o indirectamente por ella que se sometieran a una inspección con arreglo al artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo (AT. 40466 – Tute 1) (en lo sucesivo, «primera Decisión impugnada»), y la Decisión C(2017) 1361 final de la Comisión, de 21 de febrero de 2017, por la que se ordena a Les Mousquetaires y a todas las sociedades controladas directa o indirectamente por ella que se sometan a una inspección con arreglo al artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo (AT.40466 – Tute 1) (en lo sucesivo, la «segunda Decisión impugnada» y, conjuntamente con la primera Decisión impugnada, las «Decisiones impugnadas»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 1, párrafo primero, y 2, letra c), inciso i), de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO 2014, L 130, p. 1).

Los chips son esenciales para una amplia gama de productos tecnológicos y digitales, como los automóviles, los electrodomésticos y los productos electrónicos. La industria europea se enfrenta actualmente a retos en el suministro de semiconductores provocados por cuestiones geoestratégicas y perturbaciones en la cadena de suministro.

El Reglamento sobre chips tiene por objeto reducir la dependencia de los agentes extranjeros y las vulnerabilidades de la UE. Mejorará la seguridad del suministro, la resiliencia y la soberanía tecnológica de la UE en el ámbito de los chips.

El Consejo adoptó su posición acerca del Reglamento sobre chips el 1 de diciembre de 2022.

Este informe abarca los siguientes aspectos 1) las medidas adoptadas a lo largo del año para prevenir y combatir el fraude y el error en los casos determinados en virtud de las normas de coordinación; 2) los problemas específicos de aplicación de las normas de coordinación que pueden dar lugar, como mínimo, a riesgos de fraude y error;3) los acuerdos y convenios bilaterales de cooperación con otros Estados miembros celebrados a efectos de la lucha contra el fraude y el error; 4) las medidas adoptadas, en el ámbito de las prestaciones en especie, para promover el cumplimiento de las normas de coordinación por parte de las instituciones y los prestadores de asistencia sanitaria y facilitar información a los ciudadanos; 5) algunos datos cuantitativos (recogidos por los cuestionarios temáticos lanzados por HIVA – KU Leuven en el marco de la Comisión Administrativa) sobre ejemplos de fraude y error; 6) mejores prácticas, lecciones aprendidas, problemas o preocupaciones (también en relación con la privacidad y la protección de datos) al tratar la cooperación transfronteriza y el intercambio de información; y, por último, 7) ejemplos o propuestas o sugerencias de medidas para mejorar la lucha global contra el fraude y el error en el ámbito de la coordinación de la seguridad social que los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) puedan poner en práctica sin necesidad de modificar la legislación nacional o de la UE.