Esta convocatoria (SU-FCT03-2018-2019-2020) tiene por objetivo gestionar el flujo de información y datos para luchar contra la (ciber)delincuencia y el terrorismo, y se encuadra dentro del sub-programa Secure societies- Protecting freedom and security of Europe and its citizens del Programa Horizon 2020.
La cantidad de datos generados y recopilados en el marco de las investigaciones sobre ciberdelincuencia aumenta exponencialmente, lo que supone un reto considerable para las fuerzas del orden. La eficacia de la acción policial depende de la capacidad de mejorar la calidad de los datos y de convertir estos conjuntos de datos voluminosos y heterogéneos (imágenes, vídeos, inteligencia geoespacial, datos de comunicación, datos de tráfico, datos relacionados con las transacciones financieras, etc.) en inteligencia procesable. Estas capacidades podrían mejorarse significativamente mediante el uso de herramientas específicas para cada ámbito, es decir, aplicaciones de análisis de datos diseñadas para las necesidades de los investigadores (pretratamiento, tratamiento y análisis, visualización, etc.). Además, el análisis predictivo se beneficiaría en gran medida de la recopilación de información de código abierto, el análisis de datos de redes sociales y redes oscuras, y permitiría la aplicación de la ley de manera eficiente.
Objetivo
Serán bienvenidos los consorcios en los que participen profesionales de la seguridad, organizaciones de la sociedad civil y los adecuados especialistas en TI, psicólogos, sociólogos, lingüistas, etc., que exploten datos y hagan análisis predictivos que:
- caractericen las tendencias de la ciberdelincuencia y de las organizaciones ciberdelictivas (sobre la base de un análisis profundo de los tipos y estructuras organizativas de la ciberdelincuencia actuales y emergentes);
- y mejoren la seguridad de los ciudadanos frente a los atentados terroristas en los lugares que se consideran blancos fáciles de ataques, incluidas las zonas de gran afluencia de público (estaciones de radio, centros comerciales, centros comerciales, lugares de ocio, etc.).
En 2020, las propuestas deberán abordar exclusivamente el punto 2., centrándose en los operadores privados. Aunque las autoridades públicas son las principales responsables de la seguridad, la cooperación público-privada es clave para proteger los espacios públicos.
Las propuestas deben conducir a soluciones desarrolladas de conformidad con los valores de la sociedad europea, los derechos fundamentales y la legislación aplicable, incluso en el ámbito de la privacidad y la protección de los datos personales. Los aspectos sociales, por ejemplo, la percepción de la seguridad, los posibles efectos secundarios de las soluciones tecnológicas o la capacidad de recuperación de la sociedad deben abordarse de manera global y exhaustiva.
Impacto esperado:
A medio plazo:
- un mayor apoyo a la labor de los organismos encargados de la aplicación de la ley en la gestión de los grandes datos, es decir, en la extracción, combinación, análisis y visualización de grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados en el contexto de las investigaciones penales;
- una mayor sensibilización sobre el estado de la técnica y las tendencias de las actividades ciberdelictivas (a corto, medio y largo plazo);
- un conocimiento profundo de los medios para prevenir y contrarrestar las actividades delictivas cibernéticas emergentes y futuras;
- mejora de las capacidades para combinar y analizar en tiempo casi real grandes volúmenes de datos heterogéneos con el fin de anticiparse a los acontecimientos delictivos;
- plazos más cortos entre la aparición de nuevas actividades de ciberdelincuencia y el despliegue de medidas de lucha contra la ciberdelincuencia.
A largo plazo:
- un enfoque estratégico común europeo para prevenir y combatir una actividad delictiva cibernética emergente en su fase inicial de desarrollo;
- un enfoque estratégico común europeo para el tratamiento y la combinación de grandes cantidades de datos en el contexto de la protección de multitudes, en pleno cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.
Fecha límite
22 de Agosto de 2019
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