Tribunal de Derechos Humanos

El caso plantea cuestiones relacionadas con los artículos 2 y 14 del Convenio y se refiere a la incapacidad del Estado demandado para proteger a la hija de la demandante de la violencia doméstica y para llevar a cabo una investigación efectiva sobre el asunto.

El caso se refiere a las supuestas expulsiones de los demandantes -ciudadanos sirios- en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Los demandantes alegaron que las autoridades polacas les habían negado repetidamente la posibilidad de presentar solicitudes de protección internacional, infringiendo el artículo 3 del Convenio. También invocaron el artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio, alegando que su situación no había sido revisada individualmente y que eran víctimas de una política general seguida por las autoridades polacas con el objetivo de reducir el número de solicitudes de asilo registradas en Polonia. Los demandantes afirmaron que, en virtud del artículo 13 en relación con el artículo 3 del Convenio y del artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio, la presentación de un recurso contra una decisión de denegación de entrada en Polonia no constituía un recurso efectivo para los solicitantes de asilo, ya que no tendría efectos suspensivos. Además, los demandantes se quejaban de que las autoridades polacas no habían cumplido la medida cautelar que les había concedido el Tribunal, infringiendo el artículo 34 del Convenio.

Basándose en los artículos 10 y 13 del Convenio y en el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio, los demandantes alegan que su derecho a la libertad de expresión fue violado debido a una interferencia injustificada de la policía en su actividad periodística. Basándose en los artículos 5 y 13 del Convenio, el primer demandante alega también que fue privado ilegalmente de su libertad por la policía.

El caso se refiere a las condiciones materiales de la detención del demandante en la prisión de Romny nº 56 (artículo 3 del Convenio) y a sus intentos infructuosos de obtener una pensión de invalidez durante la detención (artículo 1 del Protocolo nº 1).

El caso se refiere principalmente a las alegaciones del demandante, en virtud del artículo 8 del Convenio, de que la policía le había registrado ilegalmente y, en virtud del artículo 6 § 1 del Convenio, de que su condena por el delito de aceptar un soborno se había basado en pruebas obtenidas ilegalmente.

El caso se refiere a la diferencia en el derecho al permiso parental entre policías y mujeres policías.

El presente caso se refiere a la restricción de la patria potestad de la demandante con respecto a sus hijos y a su privación de contacto con ellos. La demandante alegó que su identidad de género y el hecho de que se hubiera sometido a una transición de género habían desempeñado un papel crucial en dicha restricción, a pesar de que no se había demostrado ante los tribunales que su contacto con los niños fuera perjudicial para su salud psicológica y su desarrollo.

El caso se refiere a las graves heridas sufridas por el demandante a manos de la policía y a la supuesta obstrucción a que reciba tratamiento médico por las lesiones sufridas.

El presente asunto se refiere a una supuesta violación del principio de seguridad jurídica y del derecho de la demandante al disfrute pacífico de sus bienes, debido a la anulación de una sentencia firme mediante un procedimiento de rectificación de errores.