Derecho

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 8, apartado 1, y 61 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).

Mediante su ecurso de casación, Rumanía solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2021, Rumanía/Comisión (T‑543/19, EU:T:2021:193; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que se desestimó su recurso de anulación parcial de la Decisión C(2019) 4027 final de la Comisión, de 23 de mayo de 2019 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), relativa a la aceptación de las cuentas y al cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el ejercicio contable 2017/2018 y para el programa operativo CCI 2014RO16M1OP. 001 Gran Infraestructura, aplicando un porcentaje de cofinanciación del 75 %, y no del 85 %, para los ejes prioritarios primero y segundo de dicho programa operativo.

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 1, 2, apartado 1, letra a), y 2 bis, apartado 2, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO 1989, L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (DO 2014, L 94, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 89/665»), de los artículos 1, apartado 1, y 35 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), del artículo 81 TFUE, apartado 1, del principio de equivalencia, de los artículos 4, 5, apartado 5, y 33, apartado 3, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65), y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

Mediante el presente recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 27 de enero de 2021, Polonia/Comisión (T‑699/17, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:44), mediante la que el Tribunal General anuló la Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión, de 31 de julio de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de combustión (DO 2017, L 212, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

Mediante su recurso de casación, la Universität Bremen (Universidad de Bremen, Alemania) solicita la anulación del auto del Tribunal General de 16 de diciembre de 2020, Universität Bremen/REA(T‑660/19, no publicado, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2020:633), por el que se declaró la inadmisibilidad manifiesta de su recurso, que tenía por objeto la anulación de la Decisión Ares (2019) 4590599 de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA), de 16 de julio de 2019, mediante la que se desestimó la propuesta presentada por dicha Universidad en la convocatoria de propuestas H2020‑SC6‑Governance‑2019 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).