Título: Asunto C-635/20 P - Comisión Europea contra República Italiana y Reino de España
Resumen:Mediante su recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2020, España e Italia/Comisión, por la que este anuló la convocatoria de oposiciones generales EPSO/AD/323/16 y EPSO/AD/324/16, para la constitución de listas de reserva de administradores encargados de ejercer funciones de investigadores (AD 7) y de jefes de equipos de investigadores (AD 9) en los ámbitos del gasto de la Unión Europea, de la lucha contra la corrupción, y de aduanas y comercio, tabaco y mercancías falsificadas.
Fecha publicación: 16-02-2023
Autor: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Código Celex: 62020CJ0635
Link: https://bit.ly/3ZP8GMB
Palabras clave: Recurso de casación — Régimen lingüístico — Convocatoria de oposiciones generales para la selección de administradores encargados de ejercer funciones de investigadores y de jefes de equipos de investigadores — Conocimientos lingüísticos — Limitación de la elección de la segunda lengua de las oposiciones a las lenguas alemana, inglesa y francesa — Lengua de comunicación con la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) — Reglamento n.º 1 — Estatuto de los Funcionarios — Artículo 1 quinquies, apartado 1 — Diferencia de trato por razón de la lengua — Justificación — Interés del servicio — Exigencia de incorporar administradores “inmediatamente operativos” — Control jurisdiccional — Nivel de prueba exigido.
Keywords: Appeal – Rules on languages – Notice of open competitions for the recruitment of administrators’ functions as investigators and team leaders – Knowledge of languages – Restriction of the choice of the second competition language to English, French and German – Language of communication with the European Personnel Selection Office (EPSO) – Regulation No 1 – Staff Regulations – Article 1d(1) – Difference in treatment based on language – Justification – Interests of the service – Requirement to recruit administrators who are ‘immediately operational’ – Judicial review – Standard of proof required.