Derecho

El caso se refiere a unas ordenanzas municipales que clasificaron como «vías públicas» los caminos que atraviesan las parcelas del solicitante. El demandante presentó una reclamación en virtud del párrafo 1 del artículo 6 de la Convención en lo que respecta al derecho de acceso al Tribunal Constitucional para impugnar las ordenanzas y en virtud del artículo 1 del Protocolo Nº 1 en lo que respecta a la propiedad de las parcelas en litigio.

Los demandantes alegan que la restricción de sus derechos a influir en el funcionamiento de los bancos en los que tenían acciones, derivada de la Ley de integración de 2013, había violado sus derechos con arreglo al artículo 1 del Protocolo Nº 1 del Convenio.

La solicitud se refiere a una disputa postelectoral, en concreto al procedimiento de examen de una reclamación del solicitante, que había exigido un recuento de varias papeletas de votación debido a supuestas irregularidades en el proceso electoral. El demandante alega falta de salvaguardias contra la arbitrariedad y ausencia de un recurso ante una autoridad independiente e imparcial.

Los demandantes alegan la violación de sus derechos en virtud de los artículos 3 y 5, el párrafo 2 del artículo 6, los artículos 8, 11, 13 y 18 del Convenio y el artículo 1 del Protocolo Nº 1 y el artículo 2 del Protocolo Nº 4 del Convenio. En particular, alegan que su detención y prisión preventiva no se habían basado en una sospecha razonable y se habían llevado a cabo con fines distintos de los prescritos en el Convenio.

La empresa demandante se queja de que se había violado su derecho de acceso a los tribunales y de que la incautación excesivamente prolongada de sus bienes había constituido una pena y una violación de su derecho al disfrute pacífico de las posesiones en ausencia de un recurso interno efectivo.

En España, hasta el momento se han notificado un total de 439.286 casos confirmados de COVID-19 por PCR y 29.011 fallecidos.