Derecho

El caso se refiere a dos series independientes de procedimientos civiles por difamación iniciados por el entonces Gobernador de la región de Tula tras la publicación de un artículo en un periódico local y de declaraciones citadas por otros medios de comunicación en las que se expresaba la opinión de que el Gobernador había merecido la máxima calificación por corrupción. El demandante, un periodista y un miembro de la legislatura regional, fue acusado en cada uno de los procedimientos; la empresa demandante, la editora del periódico, estuvo involucrada en uno de ellos. El tribunal de primera instancia celebra la primera serie de procedimientos de difamación a puerta cerrada, a petición del Gobernador. Los tribunales nacionales conceden indemnizaciones importantes por daños no pecuniarios, refiriéndose en su razonamiento a la posición social del Gobernador. Además, se inician procedimientos penales por difamación contra el demandante en relación con las declaraciones que se habían considerado difamatorias en la segunda serie de procedimientos civiles.

La empresa solicitante, un medio de comunicación electrónico, informó sobre datos difundidos por la policía local y el organismo estatal de protección del consumidor en relación con la intoxicación por mercurio tras el consumo de una bebida. Las bebidas comercializadas con la marca en cuestión fueron producidas por al menos dos entidades jurídicas, una de las cuales inicia un procedimiento por difamación contra la empresa solicitante ante los tribunales comerciales. Los tribunales comerciales inferiores desestiman las demandas, pero el tribunal comercial que conoce de un recurso de casación presentado por el demandante encuentra a la empresa solicitante y la condena a pagarle una importante indemnización. La empresa demandante alega una violación de su derecho a la libertad de expresión.

El caso se refiere a la condena penal de la demandante por violar la confidencialidad de los procedimientos de custodia administrativa de su nieta.

El demandante alega que su hijo había muerto en detención como resultado de la tortura por parte de agentes del Ministerio de Seguridad Nacional de la República Autónoma de Nakhchivan y que las autoridades nacionales no habían llevado a cabo una investigación efectiva al respecto, en violación de los artículos 2 y 3 de la Convención.

El solicitante sufre de esquizofrenia paranoide. Tras ser declarado culpable de varios incidentes de violencia y amenazas de violencia, fue condenado a ingresar en un hospital psiquiátrico. Allí, el 8 de febrero de 2013, fue atado a una cama de contención durante aproximadamente veintitrés horas. Se queja de que esta medida violaba el artículo 3 de la Convención.

La solicitud se refiere a la detención del solicitante por sospecha de una serie de agresiones sexuales e intentos de secuestro de menores, y su posterior detención preventiva, antes de su absolución veintisiete días después. El demandante se queja principalmente de que no había habido sospechas razonables de que hubiera cometido un delito y afirma que se le había mantenido en prisión preventiva tras una investigación irregular, violando del artículo 5 de la Convención.