Derecho

La denuncia de los demandantes es que, aunque residían legalmente en Rumania y estudiaban allí, no se les había concedido las garantías procesales mínimas que exige el párrafo 1 del artículo 1 del Protocolo Nº 7 del Convenio y, por lo tanto, no habían podido defenderse eficazmente en el procedimiento iniciado por la solicitud de que se les declarara personas indeseables en Rumanía, lo que dio lugar a su expulsión por motivos de seguridad nacional. En particular, alegaron que no se les había notificado las acusaciones reales que se les imputaban y que no se les había dado acceso a los documentos del expediente.

El caso se refiere a la denuncia del demandante en virtud del artículo 8 de la Convención sobre el fin de la custodia conjunta de su hijo, la concesión de la custodia plena a la madre del niño y la limitación de sus derechos de contacto con el niño. El caso también aborda la cuestión del restablecimiento de la relación entre el solicitante y su hijo después de no haber tenido contacto durante varios años.

La solicitud se refiere al cese inmediato de la misión diplomática de la demandante en Liubliana (Eslovenia), supuestamente a causa de su embarazo.

El demandante alega que se ha violado la presunción de inocencia a su respecto, en la medida en que, a falta de una declaración de culpabilidad, la sentencia del juez de apelación penal reflejaba, no obstante, la convicción del juez de que era culpable. Además, se le obligó a pagar una indemnización por daños y perjuicios precisamente sobre la base de esta declaración de responsabilidad penal, sin que ello se haya comprobado en el proceso penal.

Los demandantes en el presente caso son un matrimonio y su hijo de siete años en el momento de los hechos, alumno de primer año del colegio. Todos pertenecen a la Iglesia de la Comunidad de Cristo y el padre del niño es un sacerdote de esa iglesia. El caso se refiere al rito ortodoxo ruso de bendición de un aula, que fue organizado por algunos de los padres de los compañeros del niño y realizado en una escuela municipal al comienzo del nuevo año académico por un sacerdote ortodoxo, padre de uno de los alumnos. Los tres solicitantes alegaron una violación de su derecho a la libertad de religión, mientras que el primero y el segundo, los padres del alumno, se quejaron de que no se había respetado su derecho a garantizar la educación de su hijo de conformidad con sus propias convicciones religiosas.

1. El presente caso se refiere al supuesto incumplimiento por los tribunales nacionales de las razones pertinentes y suficientes para la detención de la demandante; la negativa del Tribunal Penal de Apelación a examinar una apelación de la demandante contra una orden judicial que prorrogaba su detención; y el respeto del principio de igualdad de armas en una audiencia de detención ante el Tribunal Penal de Apelación.