Derecho

La solicitud se refiere a la compatibilidad con el artículo 8 de la Convención de una multa administrativa impuesta al solicitante, un abogado. Basándose en el privilegio profesional legal, el solicitante se había negado a declarar como testigo en un procedimiento penal contra los antiguos directores generales de cuatro empresas a las que había prestado asesoramiento jurídico antes de su insolvencia. El demandante había sido liberado de su deber de confidencialidad sólo por el actual director gerente de esas empresas, pero no por varios de los antiguos directores gerentes en juicio.

El caso se refiere principalmente a la privación de bienes derivada de la Decisión del Gobierno sobre la reestructuración y recuperación de un banco comercial que priva de sus acciones a los accionistas del banco, incluida la empresa solicitante, y a la falta de acceso a los tribunales a ese respecto.

El caso se refiere a una supuesta vulneración del derecho a la vida privada de la demandante en virtud del artículo 8 de la Convención mediante la publicación de fotografías tomadas encubiertamente con leyendas que mostraban a la demandante saliendo del hospital con su bebé recién nacido y las consiguientes decisiones de los tribunales nacionales que rechazaban sus reclamaciones conexas.

El caso se refiere a la presunta violación del derecho del demandante a un tribunal independiente e imparcial establecido por ley en virtud del párrafo 1 del artículo 6 del Convenio, principalmente debido a la transferencia de su caso del quinto al octavo Tribunal de Cuentas de Estambul, que fue designado como tribunal especializado en materia de delitos bancarios, tras la incoación del procedimiento penal contra él.

El caso se refiere a la detención y la continuación de la detención del demandante, un periodista de investigación que trabaja para el diario Cumhuriyet, en el contexto de un proceso penal incoado contra los directivos del periódico y algunos de sus periodistas por la postura editorial del periódico, que era crítica con la política gubernamental en general y también con los medios utilizados por las autoridades para luchar contra las organizaciones ilegales. El demandante alegó una violación de los párrafos 1, 3 y 4 del artículo 5, del artículo 10 y del artículo 18 de la Convención.

El caso se refiere a la anulación del contrato de contratación pública del solicitante y a la pérdida de su garantía, debido a que se había presentado una acusación contra él ante un tribunal penal en relación con un delito relativo a contrataciones públicas anteriores.