Derecho

El solicitante trabajaba como profesor de escuela secundaria en Eslavonia Oriental y fue despedido por no utilizar el idioma croata estándar en la enseñanza. Las autoridades sostuvieron que no se podía esperar que el solicitante aprendiera croata, dado que tenía cincuenta y cinco años en ese momento. El demandante se queja de que su despido fue arbitrario y de que fue discriminado por su edad y su origen étnico serbio.

El caso se refiere principalmente a la presunta ilegalidad de la detención provisional del solicitante en Eslovaquia y su posterior detención con vistas a su extradición a Rusia, a pesar de que anteriormente se le había concedido la condición de refugiado en Suecia.

La solicitud se refiere a la queja del demandante de que los procedimientos de registro y confiscación de datos de su teléfono inteligente, que facilitan el acceso a la correspondencia entre él y sus abogados, suponen una violación de los artículos 6 y 8 de la Convención.

En España, hasta el momento se han notificado un total de 2.176.089 casos confirmados de COVID-19 por PCR y 52.878 fallecidos.

El caso se refiere a la presunta violación de la presunción de inocencia del solicitante por el hecho de que un tribunal civil en última instancia determinó que el solicitante conducía bajo los efectos del alcohol, tras ser absuelto por los tribunales penales por el mismo delito.

El solicitante es un ciudadano paquistaní nacido en Dinamarca en 1986. Tiene antecedentes penales y en una ocasión fue objeto de una orden de expulsión condicional. Por un fallo definitivo del Tribunal Supremo, el demandante fue condenado, entre otras cosas, por amenazar a un inspector de policía en servicio. Fue condenado a tres meses de prisión y se le impuso una orden de expulsión con prohibición de reingreso durante seis años. El demandante se quejó de que la orden de expulsión de Dinamarca infringía el artículo 8 de la Convención.