Derecho

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los respectivos artículos 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2006, L 93, p. 12), y del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2012, L 343, p. 1).

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑475/19 P, la República Federal de Alemania solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 10 de abril de 2019, Alemania/Comisión (T‑229/17, no publicada, EU:T:2019:236), mediante la que dicho Tribunal desestimó el recurso de aquella que tenía por objeto la anulación, en primer lugar, de la Decisión (UE) 2017/133 de la Comisión, de 25 de enero de 2017, relativa al mantenimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea, con una restricción, de la referencia de la norma armonizada EN 14342:2013.

Este documento recoge y analiza los datos sobre la evolución de la COVID-19, recogidos por la Universidad Johns Hopkins y publicados diariamente por el Centro de Documentación Europea de Almería durante el año 2020.

El caso se refiere a la negativa de los tribunales nacionales a reabrir el procedimiento civil que la demandante inició contra el Estado para solicitar una indemnización por la muerte de sus dos hijos, a pesar de la aparición de nuevas pruebas.

El caso se originó en una demanda (nº 38263/08) contra la Federación Rusa presentada ante el Tribunal en virtud del artículo 33 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales («el Convenio») por Georgia el 11 de agosto de 2008. Iba acompañada de una solicitud de aplicación del artículo 39 del Reglamento del Tribunal (medidas provisionales) contra la Federación de Rusia.

Las solicitudes se refieren a las alegaciones de malos tratos del demandante por parte de la policía, a la supuesta omisión del Estado demandado de llevar a cabo una investigación adecuada sobre este incidente o de proporcionar al demandante una reparación constitucional adecuada y, por último, a la equidad de los procedimientos penales relacionados que se iniciaron posteriormente contra el demandante.