La Comisión propuso el viernes 20 de marzo la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) dentro de su estrategia para responder de forma rápida, enérgica y coordinada a la pandemia del coronavirus.
Tras su aprobación por el Consejo, permitirá a los Estados miembros adoptar medidas para hacer frente a la crisis de forma adecuada, apartándose de los requisitos presupuestarios que se aplicarían normalmente en virtud del marco presupuestario europeo.
Qué implica esta propuesta
La propuesta representa un paso importante en el cumplimiento del compromiso de la Comisión de utilizar todos los instrumentos de política económica a su disposición para prestar apoyo a los Estados miembros a la hora de proteger a sus ciudadanos y paliar las consecuencias socioeconómicas muy negativas de la pandemia.
La Comisión pide al Consejo que apruebe lo antes posible su propuesta. La Comisión está dispuesta a adoptar nuevas medidas en función de la evolución de la situación.
Contexto
La Comisión y el Consejo ya han aclarado que la pandemia del coronavirus merece la consideración de «circunstancia inusual que escapa al control de las administraciones públicas». La Comisión cree que hace falta una flexibilidad de largo alcance en el marco del PEC para proteger a los ciudadanos y las empresas de Europa de las consecuencias de esta crisis y apoyar la economía tras la pandemia. Por consiguiente, la Comisión ha decidido proponer la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La estrategia de la Comisión para contrarrestar el impacto económico de la pandemia del coronavirus contempla que se utilice plenamente la flexibilidad de nuestros marcos presupuestario y de ayudas estatales, movilizando el presupuesto de la UE para que el Grupo BEI pueda proporcionar liquidez a corto plazo a las pymes y destinar 37 000 millones de euros a la lucha contra el coronavirus con cargo a la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus.
La propuesta sigue a la adopción por la Comisión de un Marco Temporal relativo a las ayudas estatales, que permite a los Estados miembros garantizar que las empresas de todo tipo dispongan de liquidez suficiente y preservar la continuidad de la actividad económica durante la pandemia del coronavirus y después de ella.
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