Agricultura y Pesca

El presente asunto se refiere al despido del demandante del Ministerio Fiscal. Denunció, en particular, que su despido había sido ilegal y había vulnerado su derecho al respeto de su vida privada, previsto en el artículo 8 del Convenio.

El asunto se refiere a varias investigaciones preliminares incoadas por el funcionario disciplinario en relación con el demandante, así como a la decisión de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo por la que se levanta la inmunidad judicial del demandante y se le suspende de sus funciones judiciales. El demandante alegó que la Sala Disciplinaria no había cumplido los requisitos de un «tribunal independiente e imparcial establecido por la ley». También alegó que las investigaciones preliminares y la decisión de la Sala Disciplinaria habían supuesto una violación de su derecho al respeto de su vida privada y de su derecho a la libertad de expresión. El demandante invocó los artículos 6 § 1, 8, 10 y 13 del Convenio.

El estudio se centra en el análisis de la legislación nacional y las mejores prácticas en los Estados miembros de la UE que abordan los requisitos de salud y seguridad para la protección de la salud mental en el trabajo. El estudio revela que los esfuerzos a escala nacional y de la UE son actualmente insuficientes para proteger a los trabajadores de los riesgos psicosociales. Por tanto, es necesaria una legislación a escala de la UE sobre los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo que establezca los requisitos mínimos de salud y seguridad para la salud mental en el trabajo. Esto obligaría a los Estados miembros a tomar medidas para proteger a los trabajadores y garantizar unas normas mínimas y la igualdad en toda la UE. Este documento ha sido facilitado por el Departamento de Políticas Económicas, Científicas y de Calidad de Vida a petición de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo (EMPL).

El caso se refiere al asesinato del padre del demandante, un destacado político y líder de la oposición. El demandante se queja de que las autoridades rusas no llevaron a cabo una investigación interna efectiva del asesinato.

El presente asunto se refiere a la negativa de las autoridades serbias a expedir un documento de viaje al solicitante refugiado en Serbia, debido a que los respectivos Ministros del Interior no promulgaron, desde 2008, ningún reglamento, como legislación subsidiaria, que regulara el contenido y el diseño del documento de viaje para los refugiados, a pesar de estar obligados a hacerlo por la Ley de asilo.

El asunto se refiere a la condena del demandante por expresiones dirigidas a un funcionario público durante una pequeña manifestación y plantea cuestiones en relación con el artículo 10 del Convenio.