Agricultura y Pesca

La demanda se refiere a un procedimiento civil por difamación incoado contra el demandante en relación con sus críticas a las actividades económicas supuestamente corruptas de un empresario local, que el demandante consideraba que habían contribuido a la caída de la industria automovilística local. La demanda fue notificada al Gobierno en virtud del artículo 10 del Convenio.

El asunto se refiere a la imposibilidad de los demandantes de obtener una indemnización por el daño moral derivado del fallecimiento de un pariente cercano suyo, que murió en un accidente de tráfico causado por un enfermo mental.

Las solicitudes se refieren a la falta de oportunidades de los demandantes (veintiuna parejas del mismo sexo) para que se reconocieran formalmente sus relaciones, lo que supuso, en su opinión, una violación de su derecho al respeto de su vida privada y familiar y una discriminación contra ellos por razón de su orientación sexual. Los demandantes invocaron el artículo 8 del Convenio, considerado aisladamente o en conjunción con el artículo 14.

La demanda se refiere a la pérdida de contacto del demandante con sus hijos, a pesar de las decisiones nacionales que le concedían el derecho de visita, y a la supuesta omisión de las autoridades de realizar un informe psicológico y un informe de bienestar social. El demandante presentó múltiples quejas ante diversas autoridades nacionales sin resultado alguno. Denunció una violación de su derecho a la vida familiar en virtud del artículo 8 del Convenio.

El asunto se refiere a las quejas formuladas en virtud de los artículos 3 y 14 del Convenio por la respuesta supuestamente inadecuada de las autoridades, tanto en la ley como en la práctica, a las denuncias de la demandante de que había sido víctima de violencia doméstica.

El recurso se refiere a la duración de un procedimiento penal privado que finalizó con la decisión del Fiscal General de archivar las actuaciones, y a la supuesta falta de un recurso efectivo al respecto.