Agricultura y Pesca

El asunto tiene su origen en una demanda (n.º 19750/13) contra la República Checa presentada ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por un ciudadano checo, el Sr. Jan Grosam («el demandante»), el 13 de marzo de 2013.

La demanda se refiere a la supuesta omisión de las autoridades nacionales competentes de proteger a la hija del demandante, A.L., de la violencia doméstica, que culminó con su muerte. La demandante se quejó en virtud de los artículos 2 y 3 del Convenio, tomados por separado y conjuntamente con el artículo 14.

La demanda se refiere a la supuesta ilegalidad de la detención del demandante a la espera de su extradición debido, entre otras cosas, a su duración injustificada, contraria al artículo 5 § 1 del Convenio, y al incumplimiento por los tribunales nacionales del requisito de «celeridad» previsto en el artículo 5 § 4 del Convenio.

El asunto se refiere a la denuncia de las sociedades demandantes, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Convenio, de no haber sido oídas con las debidas garantías durante un procedimiento judicial administrativo en el que se confirmaron las decisiones administrativas por las que se les denegaba el permiso para construir un centro de datos. En virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio, las sociedades demandantes se quejaron además de haber sufrido pérdidas por no haber recibido la autorización de seguridad para construir el centro de datos.

El asunto se refiere principalmente a la denuncia de la sociedad demandante, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Convenio, de no haber sido oída con las debidas garantías durante un procedimiento judicial administrativo en el que se confirmó una decisión administrativa por la que se le denegaba el permiso para adquirir una empresa de gestión inmobiliaria comercial.

El caso se refiere a la supuesta falta de investigación efectiva por parte de las autoridades de las alegaciones de malos tratos del demandante y plantea cuestiones en virtud del artículo 3 del Convenio.