Agricultura y Pesca

El asunto plantea una cuestión en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 7 del Convenio y se refiere a la expulsión del demandante (un extranjero que residía legalmente) por motivos de seguridad nacional. El demandante se quejaba de que nunca se le habían comunicado detalladamente los motivos de la revocación de su permiso de residencia y de su expulsión.

El presente asunto se refiere a la desestimación por el Tribunal Constitucional del recurso de amparo interpuesto por los demandantes, en el que se quejaban de que el Parlamento no hubiera seguido el proceso de designación para nombrar un nuevo Consejo General del Poder Judicial a partir de una lista de candidatos, en la que figuraban sus nombres. Los demandantes se remitieron al artículo 6 del Convenio.

La demanda se refiere a la publicación de la fotografía y de los datos personales de la demandante en la prensa durante un período de seis meses después de haber sido acusada de determinados delitos. La demandante se quejaba de que la publicación se había producido a raíz de una orden del fiscal a tal efecto, sin que ella tuviera conocimiento previo de la misma, sin que pudiera impugnar la decisión y sin que se la distinguiera de sus coacusados en cuanto a los delitos de los que había sido acusada, lo que dio a la opinión pública la impresión de que había sido acusada de (formas de) delitos más graves de lo que en realidad era el caso.

La demanda se refiere a la negativa del Consejo de Jueces y Fiscales («el HSK») a confirmar el nombramiento del demandante, un juez candidato que había completado su formación en el momento pertinente, para un cargo judicial y a la supuesta falta de acceso del demandante a un tribunal en relación con esta decisión. El demandante denuncia una violación de sus derechos en virtud de los artículos 6, 8 y 13 del Convenio.

El recurso se refiere al homicidio de Arman Yengibaryan («Sr. Yengibaryan») por un agente de policía durante una persecución policial.

El asunto tiene su origen en una demanda (n.º 19750/13) contra la República Checa presentada ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por un ciudadano checo, el Sr. Jan Grosam («el demandante»), el 13 de marzo de 2013.