Agricultura y Pesca

En España, hasta el momento se han notificado un total de 3.668.658 casos confirmados de COVID-19 por PCR y 79.905 fallecidos.

En España, hasta el momento 8.804.363 personas han recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19.

El caso se refiere a las quejas del demandante en virtud del artículo 3 del Convenio sobre las condiciones de su detención y de su transporte entre el centro de detención y el tribunal y la adecuación de su tratamiento médico mientras estaba detenido, y sus alegaciones en virtud del artículo 5 párrafos 1, 3 y 4 del Convenio de que su detención preventiva fue arbitraria e injustificada y que no hubo una revisión significativa de su legalidad.

Los demandantes alegan, en virtud del artículo 3 del Convenio, que fueron maltratados por la policía y que la investigación de sus respectivas denuncias fue ineficaz. Además, algunos demandantes también plantean otras quejas en virtud de la jurisprudencia bien establecida del Tribunal (artículo 3, artículo 5 apartados 1 y 3 y artículo 13 del Convenio).

El caso se refiere a la supuesta ilegalidad de la detención del demandante durante el examen de las causas penales contra él, en violación del artículo 5 apartado 1 del Convenio.

El caso se originó en tres demandas contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentadas ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio»), por las empresas, organizaciones benéficas, organizaciones y particulares que figuran en el anexo («los demandantes») el 4 de septiembre de 2013, el 11 de septiembre de 2014 y el 20 de mayo de 2015, respectivamente.