Agricultura y Pesca

La ABE tomó medidas decisivas en respuesta a la pandemia de COVID-19 en 2020. Esto incluyó la publicación de directrices sobre la moratoria legislativa y no legislativa de los reembolsos de préstamos, así como directrices sobre la información y la divulgación de las exposiciones sujetas a las medidas aplicadas en respuesta a la crisis del COVID-19. Desde el estallido de la crisis del COVID-19, la ABE se ha dedicado a proporcionar claridad a las entidades sobre el enfoque prudencial y de supervisión de las medidas introducidas por los gobiernos nacionales y los organismos de la UE para abordar y mitigar los efectos económicos negativos de la pandemia.

Informe global de la UE : informe final
El objetivo de este proyecto es realizar un análisis en profundidad de los sistemas nacionales de sanción de las infracciones de la Política Pesquera Común (PPC) y, en particular, de las sanciones aplicadas por los Estados miembros por las infracciones detectadas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, con el fin de apoyar a la Comisión en la elaboración del informe sobre la aplicación del Reglamento de control para el período 2015-2019 que debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo en virtud del artículo 118, apartado 2, del Reglamento CE nº 1224/2009 del Consejo1. En consecuencia, el estudio – describe el marco de aplicación de los Estados miembros con litoral; – evalúa la eficacia, la proporcionalidad y el carácter disuasorio de los sistemas de sanción aplicados en los Estados miembros; – identifica las mejores prácticas, así como las oportunidades de mejora de los sistemas de sanción de los Estados miembros.

El caso se refiere a un proceso penal contra el demandante, como director de una empresa, en el que se le declaró culpable de no pagar las cuotas tributarias, con el uso de presunciones legales.

El asunto se refiere a la supuesta ilegalidad del mantenimiento de la reclusión obligatoria de los demandantes, dado que los hechos por los que habían sido recluidos ya no podían dar lugar a una medida de reclusión en virtud de la nueva legislación que entró en vigor durante su detención. Los demandantes se quejan también de la imposibilidad de obtener la puesta en libertad inmediata y definitiva. Se basan en los apartados 1 y 4 del artículo 5 y en el artículo 13 del Convenio.

La solicitud se refiere a la supuesta omisión del Estado de proteger a los demandantes de los abusos verbales y las amenazas homófobas y de realizar una investigación efectiva posterior sobre la denuncia de los demandantes. También se refiere a las consecuencias de estos incidentes sobre el derecho de los demandantes a la libertad de reunión pacífica. Los demandantes se basaron en los artículos 3, 8, 11, 13 y 14 del Convenio, así como en el artículo 1 del Protocolo nº 12 del Convenio.

En España, hasta el momento 10.257.209 personas han recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19.