Agricultura y Pesca

La Unión Europea (UE) está comprometida con la eliminación del trabajo forzoso, una negación de derechos de la que hay 28 millones de víctimas en todo el mundo. En septiembre de 2022, la Comisión Europea propuso un Reglamento para prohibir en el mercado de la UE todos los productos fabricados mediante trabajo forzoso (COM (2022) 453). Esta propuesta ha sido criticada por no facilitar vías de recurso a las víctimas del trabajo forzoso, en consonancia con las normas de la UE y mundiales, como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este informe examina los argumentos a favor de incluir en la propuesta de Reglamento de la Comisión medidas que promuevan el acceso a una reparación efectiva para las víctimas del trabajo forzoso situadas fuera de la UE. En primer lugar, se describe el marco jurídico de la acción de la UE para promover la reparación de las víctimas del trabajo forzoso situadas fuera del territorio de la UE, así como los obstáculos a la accesibilidad y la eficacia de la reparación de las víctimas en el contexto del trabajo forzoso. En segundo lugar, examina una serie de medidas para promover la reparación de las víctimas del trabajo forzoso que podrían incorporarse al Reglamento y su viabilidad. En conclusión, el informe destaca los cambios en la propuesta de Reglamento de la Comisión para promover la reparación a las víctimas que son viables y aumentarían su alineación con los compromisos jurídicos y políticos internacionales y de la UE.

Este análisis en profundidad abarca los retos pendientes del marco europeo de gestión de crisis bancarias, con especial énfasis en los bancos pequeños y medianos. Se centra en las «estrategias de transferencia» para la venta de bancos en quiebra, el marco de financiación de los sistemas de garantía de depósitos (SGD) y los fondos de resolución, la clasificación de los depósitos para facilitar dichas transferencias y la necesidad de abordar los retos de los grupos bancarios. Este documento ha sido facilitado por la Unidad de Escrutinio de la Gobernanza Económica y la UEM a petición de la Comisión ECON.

Los dos informes de situación ofrecen una visión de conjunto de algunas de las ideas subyacentes al proyecto del euro digital. Los informes siguen siendo vagos en algunos aspectos, lo que no es sorprendente dada la fase inicial del proyecto. Este documento ha sido elaborado por la Unidad de Gobernanza Económica y Control de la UEM a petición del Comité Económico y Financiero.

El objetivo de este estudio es analizar las opciones para un marco regulador que apoye la infraestructura de transporte y almacenamiento de CO2 y los modelos de negocio en Europa. Las redes de transporte y los emplazamientos de almacenamiento de CO2 existentes en Europa son todavía limitados, pero es importante comprender dónde, cuándo y cómo crecerán estas redes de CO2 en la próxima década para conectar a los emisores con los emplazamientos de almacenamiento. Se ha pedido al Centro Común de Investigación (CCI) que elabore una estimación de este tipo para indicar dónde y cuándo podrían desarrollarse las redes potenciales. Paralelamente (y en cooperación con el proyecto del CCI), la Comisión quiere entender qué intervenciones normativas son necesarias para apoyar estas redes y cómo se organizarán/financiarán estas redes. Por ello, este proyecto tiene cuatro objetivos 1) Analizar las opciones normativas (y sus límites) para las redes de transporte de CO2 ; 2) Analizar las opciones normativas para los emplazamientos de almacenamiento de CO2 (más allá de la actual Directiva CAC) ; 3) Analizar los posibles modelos de negocio para la construcción y explotación de las redes de transporte de CO2 ; 4) Analizar los posibles modelos de negocio para el desarrollo y explotación de los emplazamientos de almacenamiento.

El proyecto proporciona información sobre el impacto actual y potencial de la crisis del suministro de gas en los Planes de Transición Justa (PTJ). Las pruebas se basan en el análisis de las dependencias de la UE en materia de suministro de gas y energía, los vínculos comerciales con Rusia, el marco político general de la UE, el Mecanismo de Transición Justa (MTJ), el plan REPowerEU y la investigación de seis estudios de casos. Concluye con recomendaciones políticas específicas que reflejan la aplicación del JTM, los JTP a la luz de los riesgos de la crisis energética.

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