Unión Europea

Este documento presenta ocho informes de casos sobre enfoques basados en los resultados aplicados por las autoridades de gestión del FSE en Bélgica-Flandes, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal y Eslovaquia. Los informes de casos pretenden: (i) Difundir información sobre las prácticas de los enfoques basados en resultados (EB); (ii) Crear una base de conocimientos para inspirar, animar y capacitar a las autoridades de gestión del FSE+ para diseñar nuevos -o adaptar los existentes- EB; (iii) Fomentar el aprendizaje mutuo y facilitar la integración de los enfoques probados con éxito a nivel regional y nacional; (iv) Concienciar sobre el importante impacto positivo de las prácticas de EB en el aumento de la eficacia y la eficiencia de las operaciones del FSE+.

El papel principal del Consejero Auditor es garantizar que se respeten los derechos de defensa de las partes interesadas y contribuir así a la aplicación de las normas en los procedimientos comerciales de manera objetiva y transparente.

Se calcula que el 15 % de los ciudadanos de la UE (unos 75 millones de personas) son víctimas de la delincuencia cada año. En 2021, Eurojust apoyó más de 10 000 investigaciones penales, ayudando a hacer justicia a casi 100 000 víctimas de todas las formas de delincuencia grave y transfronteriza. La complejidad de los casos transfronterizos dificulta especialmente a las autoridades judiciales la protección de los derechos de las víctimas. La participación de Eurojust (la Agencia de Cooperación en materia de Justicia Penal de la Unión Europea) en las primeras fases del proceso ayuda a superar estas dificultades y a garantizar la protección de las víctimas.

Este documento presenta cuatro informes de casos sobre medidas de simplificación aplicadas por las autoridades de gestión del FSE en Croacia, Estonia, Letonia y Portugal. Los informes de casos fueron preparados y revisados por los miembros de la Comunidad de Práctica del FSE sobre la Gestión Basada en los Resultados (CoP RBM), establecida en el marco de la Plataforma de Cooperación Transnacional del FSE (PCT del FSE). En la CoP RBM participan representantes de las autoridades de gestión del FSE, de las autoridades de auditoría (AA) y de los organismos nacionales de coordinación de los 27 Estados miembros de la UE (UE-27), así como de varias Direcciones Generales de la Comisión Europea, coordinadas por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL) – Unidad G1 «Fondo Social Europeo +». Los informes de casos pretenden: Difundir información sobre medidas prácticas para fomentar la simplificación en todos los Estados miembros; Sensibilizar sobre la importancia de los enfoques innovadores para simplificar las tareas y actividades más intensivas en trabajo relacionadas con la gestión de los programas del FSE; Fomentar el aprendizaje mutuo y facilitar la integración de los enfoques probados con éxito a nivel regional y nacional.

Este mini conjunto de herramientas presenta información sobre conceptos, herramientas y prácticas que pueden ayudar a las partes interesadas a utilizar los recursos del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para ayudar a la integración de las personas más alejadas del mercado laboral, incluidos los desempleados de larga duración y las personas inactivas, entre ellas los solicitantes de empleo de mayor edad. También demostrará las ventajas de un trabajo en asociación eficaz, incluido el fomento de los consorcios para desarrollar las ofertas.

Desde 2016, las investigaciones y los enjuiciamientos por el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra (conocidos colectivamente como crímenes internacionales fundamentales), han aumentado constantemente en la UE. El número de nuevos casos abiertos en los Estados miembros aumentó en general un 44 % entre 2016 y 2021. Esta tendencia puede atribuirse, en parte, a la escalada de conflictos y a la comisión de atrocidades cerca de las fronteras de la UE (más recientemente en Ucrania, Bielorrusia y Siria), lo que ha provocado una afluencia de refugiados en los Estados miembros. El mayor nivel de conocimientos técnicos en el ámbito de los delitos internacionales fundamentales de que disponen ahora las autoridades nacionales también explica el aumento de las investigaciones.