Los eurodiputados quieren una nueva ley para proteger la salud mental y física de los trabajadores

El miércoles pasado, los eurodiputados acordaron una serie de recomendaciones para un nuevo proyecto de ley de la UE que garantice los requisitos mínimos para prevenir, eliminar o reducir los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo que podrían provocar estrés laboral, agotamiento y trastornos mentales y físicos. Esta propuesta debería ir precedida de una evaluación de impacto que incluya una evaluación de la legislación vigente.

Los eurodiputados exigen obligaciones vinculantes para los empleadores de proteger la salud mental y física y garantizar condiciones de trabajo seguras y dignas. También quieren que la Comisión y los países de la UE reconozcan explícitamente que los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo dan lugar a enfermedades profesionales.

La solicitud de iniciativa legislativa fue aprobada por 41 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones.

Políticas para abordar la violencia y el acoso

Los eurodiputados quieren que los empleadores adopten e implementen políticas que definan y prohíban la violencia, el acoso, la intimidación y las conductas discriminatorias que menoscaben la dignidad, la salud física o mental de los trabajadores, así como mecanismos de detección temprana y protocolos de prevención basados ​​en el riesgo para la violencia de terceros. También afirman que es necesario brindar apoyo oportuno a los trabajadores expuestos a riesgos psicosociales.

Evaluación de riesgos psicosociales y plan de acción

Los eurodiputados recomiendan que los empleadores realicen evaluaciones periódicas de riesgos psicosociales para evaluar factores como la carga de trabajo excesiva y la alta intensidad laboral, y que adopten planes de acción con medidas concretas. Las reestructuraciones o reorganizaciones significativas, como los acuerdos de teletrabajo o la introducción de sistemas automatizados de toma de decisiones y de monitorización, deben estar sujetas a una evaluación previa de riesgos psicosociales en cooperación con los trabajadores y sus representantes, afirman.

Los empleadores también deben garantizar que la introducción de sistemas algorítmicos no imponga una carga o monitorización excesiva a los trabajadores, y que siempre se garantice la supervisión humana. Los eurodiputados también reiteran que los trabajadores tienen derecho a desconectarse del trabajo.

Apoyo para la reincorporación al trabajo

Los trabajadores que hayan estado ausentes del trabajo debido a riesgos psicosociales relacionados con el trabajo deben tener derecho a una reincorporación al trabajo apoyada y sostenible, afirman los eurodiputados. Para ello, recomiendan que los empleadores establezcan planes individuales de reincorporación al trabajo, especificando factores como ajustes en el horario laboral o la organización del trabajo y adaptaciones de las tareas o la carga de trabajo del trabajador.

Lesiones o daños presuntamente relacionados con el trabajo

Los empleadores deben garantizar que, cuando un trabajador demuestre haber sufrido lesiones o daños a la salud debido a la exposición a factores de riesgo psicosociales relacionados con el trabajo, se presuma que dichas lesiones o daños están relacionados con el trabajo, a menos que el empleador demuestre que no están vinculados a las condiciones laborales del trabajador.

Cita: La ponente Estelle Ceulemans.(S&D, BE) declaró:

«Este informe representa un paso adelante, ya que solicita a la Comisión Europea una propuesta legislativa para abordar el agotamiento, la depresión, el estrés y el acoso. La prevalencia de estos problemas se está disparando en toda Europa y se ve exacerbada por el creciente uso de las tecnologías digitales y la IA en el lugar de trabajo. Abordar estos problemas estructurales relacionados con el trabajo no es solo una obligación de salud laboral, sino también una cuestión económica, con un coste anual de 100.000 millones de euros para la depresión relacionada con el trabajo en la UE».

 

Próximos pasos:

Se espera que el Parlamento vote esta iniciativa legislativa durante su sesión plenaria del 1 de octubre de 2026. La Comisión dispondrá entonces de tres meses para responder, ya sea informando al Parlamento sobre las medidas que prevé adoptar o justificando su negativa a proponer una iniciativa legislativa en consonancia con la solicitud del Parlamento.