La Comisión firma el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y derechos humanos, democracia y Estado de Derecho

Věra Jourová , Vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Valores y Transparencia, ha firmado hoy, en nombre de la Unión Europea, el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre la Inteligencia Artificial y los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Lo hizo durante la conferencia informal de Ministros de Justicia de los Estados miembros del Consejo de Europa celebrada en Vilna (Lituania). Este Convenio es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial. Es plenamente compatible con el Derecho de la Unión en general, y con la Ley de Inteligencia Artificial de la UE en particular, que es la primera normativa exhaustiva sobre IA a nivel mundial.

La UE, representada por la Comisión, y con el apoyo de los Estados miembros, participó muy activamente en las negociaciones de este Convenio. La convención es coherente con la Ley de AI de la UE, así como con otras leyes de la Unión Europea, e incluye una serie de conceptos clave de la Ley de AI, tales como:

• un enfoque de la IA centrado en el ser humano, coherente con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho
• un enfoque basado en el riesgo
• principios clave para una IA digna de confianza (por ejemplo, transparencia, solidez, seguridad, gobernanza y protección de datos)
• transparencia en los contenidos generados por IA y en las interacciones con los sistemas de IA
• refuerzo de la documentación, la rendición de cuentas y las vías de recurso
• apoyo a la innovación segura a través de «sandboxes» reglamentarios
• obligaciones de gestión de riesgos
• obligaciones de documentación
• mecanismos de supervisión de las actividades de IA

Esto es vital para proporcionar un marco eficaz a nivel internacional para hacer frente a los riesgos que plantea la IA para los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

Como tal, la Convención establece un enfoque común para garantizar que las actividades dentro del ciclo de vida de los sistemas de IA sean compatibles con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, permitiendo al mismo tiempo la innovación y la confianza. La Convención cubre los sistemas de IA que pueden interferir con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho mencionados anteriormente, siguiendo un enfoque basado en el riesgo y diferenciado.

Los principios y las obligaciones previstos en el Convenio se aplicarán a las actividades del ciclo de vida de los sistemas de IA emprendidas por las autoridades públicas o los agentes privados que actúen en su nombre. Por lo que respecta a los agentes del sector privado, si bien deben seguir abordando los riesgos e impactos de los sistemas de IA de forma que se ajusten a los objetivos del Convenio, tienen la opción de aplicar directamente las obligaciones del Convenio o aplicar medidas alternativas adecuadas.

El Convenio incluye exenciones para la investigación y el desarrollo, así como para la seguridad nacional. Está abierto a la adhesión de los miembros del Consejo de Europa, la UE y otros terceros países de todo el mundo.

El Convenio se aplicará en la UE mediante la Ley de IA, que contiene normas generales plenamente armonizadas para la comercialización, puesta en servicio y uso de los sistemas de IA, complementadas por otro acervo pertinente de la Unión, en su caso.

Próximos pasos

Esta firma expresa la intención de la UE de convertirse en Parte del Convenio. A continuación, la Comisión Europea preparará una propuesta de decisión del Consejo para celebrar el Convenio. El Parlamento Europeo también deberá dar su aprobación.

Antecedentes

Las negociaciones sobre el Convenio comenzaron en septiembre de 2022 bajo los auspicios del Comité sobre AI (CAI) establecido por el Consejo de Europa en Estrasburgo. En las negociaciones participaron la Comisión Europea, que negoció en nombre de la UE, otros Estados miembros del Consejo de Europa, la Santa Sede, EE.UU., Canadá, México, Japón, Israel, Australia, Argentina, Perú, Uruguay y Costa Rica. Las aportaciones de 68 representantes internacionales de la sociedad civil, el mundo académico, la industria y otras organizaciones internacionales garantizaron un enfoque global e integrador.

Fuente: Comisión Europea