El Informe sobre el Estado de Derecho de 2026 refuerza la prosperidad, la seguridad y la resiliencia democrática de Europa

El pasado 17 de julio, la Comisión Europea publicó su séptimo Informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que se evalúa la situación del Estado de Derecho en todos los Estados miembros de la UE, así como en cuatro países candidatos: Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.

El Estado de Derecho es la base de la prosperidad, la democracia y la seguridad de Europa. Unos sistemas judiciales independientes, unos marcos eficaces de lucha contra la corrupción, unos medios de comunicación libres y pluralistas, y unos sólidos controles y contrapesos protegen los derechos de los ciudadanos y mantienen la confianza en las instituciones públicas y en la democracia. Aportan la seguridad jurídica que sustenta la inversión, la competitividad y el crecimiento económico.

Ursulavon der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha declarado:«El Estado de Derecho genera confianza. Confianza entre los ciudadanos. Confianza para las empresas. Es lo que hace de Europa el mejor y más seguro lugar para vivir e invertir. El informe de este año muestra un progreso positivo y continuado en muchos Estados miembros. Y precisamente por eso es importante nuestro Informe sobre el Estado de Derecho. Se ha convertido en un punto de referencia que contribuye a dar forma a los debates nacionales e impulsar reformas en toda nuestra Unión».

Con el tiempo, el informe se ha convertido en una herramienta consolidada para entablar un diálogo con los Estados miembros sobre cuestiones clave relacionadas con el Estado de Derecho. Sus recomendaciones son un motor de reforma en los Estados miembros.

El informe de este año confirma una trayectoria globalmente positiva, que muestra un progreso continuo en muchos Estados miembros, con reformas significativas completadas o en curso en todos los ámbitos supervisados en el marco del informe. Aunque el panorama es desigual entre los distintos Estados miembros y ámbitos políticos, y persisten algunos retos, el informe y sus recomendaciones siguen impulsando la reforma y el cambio a través de una colaboración sostenida con los Estados miembros.

En la propuesta de la Comisión para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, el informe y sus recomendaciones también desempeñarán un papel importante para ayudar a garantizar que se establezcan sólidas salvaguardias para la protección del presupuesto de la Unión. En particular, la Comisión ha propuesto que los nuevos Planes de Asociación Nacionales y Regionales (NRPP) en el marco del MFP aborden los retos identificados en el Informe sobre el Estado de Derecho. El informe será asimismo una de las fuentes de información para la evaluación que realice la Comisión del respeto por parte de los Estados miembros de la Carta y de las condiciones horizontales relativas al Estado de Derecho en la aplicación de los planes de los programas nacionales de reforma (NRP).

El trato equitativo y justo de los Estados miembros, una aplicación clara y coherente de las normas de la UE y un proceso basado en el diálogo son los principios subyacentes del Informe sobre el Estado de Derecho que seguirán guiando la labor de la Comisión con los Estados miembros.

Principales conclusiones de este año:

Sistemas judiciales

Muchos Estados miembros han avanzado en las reformas judiciales durante el último año. Entre las medidas positivas figuran el refuerzo de la independencia de los Consejos del Poder Judicial, garantías adicionales para el nombramiento de los jueces y los procedimientos disciplinarios, y el refuerzo de la autonomía de los ministerios fiscales. Sin embargo, las reformas avanzan a un ritmo más lento en algunos Estados miembros y, en determinados casos, persisten graves motivos de preocupación. En la mayoría de los países candidatos a la adhesión, continuaron los esfuerzos por aplicar reformas judiciales, mientras que persistieron las preocupaciones relativas a la influencia indebida que obstaculiza la independencia judicial.

Marcos de lucha contra la corrupción

La Directiva sobre la lucha contra la corrupción, que entró en vigor el 31 de mayo de 2026, establece un marco moderno y armonizado para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en la UE. La Comisión está apoyando a los Estados miembros en sus esfuerzos de transposición y para seguir mejorando sus marcos de lucha contra la corrupción. Tal y como muestra el Informe sobre el Estado de Derecho de este año, varios Estados miembros han desarrollado nuevas estrategias de lucha contra la corrupción y han reforzado su capacidad institucional para combatirla. Al mismo tiempo, es necesario adoptar nuevas medidas para reforzar los marcos preventivos, como los relacionados con el lobbying y los conflictos de intereses, así como para garantizar la eficacia de la investigación, la enjuiciación y las sentencias definitivas en los casos de corrupción. En la mayoría de los países candidatos a la adhesión incluidos en el informe, se han reforzado los marcos jurídicos e institucionales, si bien es necesario seguir mejorando la investigación, el enjuiciamiento y la resolución judicial de los casos de corrupción. 

Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

Se están llevando a cabo reformas en los Estados miembros para armonizar su legislación nacional con la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). Varios Estados miembros están llevando a cabo reformas para reforzar el funcionamiento independiente y la financiación de los medios de comunicación de servicio público, así como la equidad y la transparencia en la adjudicación de la publicidad estatal. Dado que la EMFA establece una legislación vinculante sobre varios aspectos relacionados con la libertad de los medios de comunicación, el Informe sobre el Estado de Derecho ya no incluye recomendaciones sobre dichos aspectos. Su seguimiento se lleva a cabo en el marco de la aplicación de la EMFA por parte de la Comisión. Además, se está prestando mayor atención a la mejora de la seguridad y la protección de los periodistas frente a las amenazas continuas. La Comisión seguirá apoyando un entorno más propicio y la seguridad de los periodistas y de la información periodística de calidad, entre otras cosas mediante la actualización de su Recomendación sobre la seguridad de los periodistas. Muchos Estados miembros están adoptando medidas concretas para hacer frente al fenómeno de las demandas estratégicas contra la participación pública (las denominadas «SLAPP»), y la Comisión sigue colaborando con ellos para apoyar la transposición y la aplicación de la Directiva contra las SLAPP. En la mayoría de los países de la ampliación incluidos en el informe, los nombramientos realizados en las estructuras de gobernanza de los medios de comunicación de servicio público y de los organismos reguladores de los medios han aumentado su estabilidad, si bien persisten las preocupaciones sobre la concentración del mercado de los medios de comunicación y la independencia editorial de las emisoras públicas.

Equilibrios y controles institucionales

Se han impulsado reformas para mejorar la seguridad jurídica y la calidad legislativa. En algunos Estados miembros persisten deficiencias en relación con el uso excesivo de procedimientos legislativos de urgencia y la falta de participación de las partes interesadas. El informe constata que muchos Estados miembros siguen garantizando un marco propicio y de apoyo para la sociedad civil, y mantienen sus esfuerzos por mejorar aún más su entorno operativo. Sin embargo, los actores de la sociedad civil siguen señalando dificultades en varios Estados miembros, entre ellas las limitaciones a la financiación y a la libertad de reunión pacífica. En los países de la ampliación incluidos en el informe, las instituciones encargadas de los controles y contrapesos pueden, en general, desempeñar sus funciones, aunque persisten algunos retos, por ejemplo, a la hora de garantizar un entorno propicio para la sociedad civil.

Dimensión del mercado único

En los cuatro pilares, el informe destaca el impacto del Estado de Derecho en el funcionamiento del mercado único y en el entorno operativo de las empresas. Por ejemplo, el informe ofrece información sobre la especialización de los tribunales y los jueces para tramitar asuntos mercantiles; las medidas para prevenir la corrupción en la contratación pública; la protección de las inversiones; y el entorno normativo estable necesario para que las empresas operen en condiciones predecibles.

Próximos pasos

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE a proseguir los debates generales y específicos por países basándose en el informe y sus recomendaciones. Asimismo, anima a los parlamentos nacionales, a la sociedad civil y a otras partes interesadas a continuar el diálogo tanto a nivel nacional como europeo.

La Comisión insta a los Estados miembros a abordar los retos señalados en el informe y se muestra dispuesta a apoyar la aplicación de las recomendaciones. En cuanto a los países candidatos a la adhesión incluidos en el informe, la Comisión hará un seguimiento de las cuestiones señaladas, entre otras cosas en sus próximos informes anuales sobre la ampliación. Tal y como anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,en sus Orientaciones Políticas para 2024-2029, se incluirá a otros países candidatos a la adhesión en el Informe sobre el Estado de Derecho a medida que estén preparados.

Antecedentes

El Informe anual sobre el Estado de Derecho es el resultado de un estrecho diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas. El informe abarca todos los Estados miembros y cuatro países candidatos a la adhesión, basándose en una metodología objetiva y transparente, y examina el mismo conjunto de cuestiones en cada país.

El Informe de 2026 consta de una Comunicación en la que se analiza la situación en el conjunto de la UE y de 27 capítulos por países en los que se examinan los avances significativos en cada Estado miembro. El Informe evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas el año pasado a los Estados miembros y, sobre esa base, formula otra serie de recomendaciones específicas. El Informe sobre el Estado de Derecho incluye también cuatro capítulos dedicados a Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, en los que se analizan los avances registrados en estos países desde el Informe sobre el Estado de Derecho de 2024. Esto respalda los esfuerzos de reforma realizados por estos países para lograr avances en materia de democracia y Estado de Derecho antes de la adhesión, y para garantizar unos niveles elevados y duraderos tras la adhesión.

El Informe sobre el Estado de Derecho ocupa un lugar central en el ciclo anual del Estado de Derecho. Este ciclo anual tiene carácter preventivo: sirve para promover el Estado de Derecho y tiene por objeto evitar que surjan o se agraven los problemas. Es independiente de los demás elementos del conjunto de herramientas de la UE en materia de Estado de Derecho y complementa —pero no sustituye— a los mecanismos previstos en los Tratados que permiten a la UE responder a cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho en los Estados miembros. Entre estas herramientas se incluyen los procedimientos de infracción y el procedimiento para proteger los valores fundacionales de la Unión previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.

Para más información: Comisión Europea