Título: CASE OF G.M. AND OTHERS v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA (Application no. 44394/15)
Resumen:El caso se refiere a la supuesta interrupción involuntaria de embarazos y a las medidas de control de la natalidad impuestas a personas con discapacidad intelectual, así como a la supuesta investigación ineficaz de sus quejas relativas a las intervenciones médicas no consentidas en cuestión. Los demandantes se quejaron de la violación de sus derechos en virtud del artículo 8 del Convenio.
Fecha publicación: 22-11-2022
Autor: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: https://bit.ly/3EW8n9v
Palabras clave: Investigación ineficaz de las alegaciones de abortos forzados y anticoncepción forzada después de una violación por parte de un médico en un asilo residencial neuropsiquiátrico de tres solicitantes con discapacidad intelectual con capacidad jurídica - Obligaciones positivas - Trato inhumano o degradante - El Estado demandado no estableció ni aplicó eficazmente un sistema que proporcionara protección a las mujeres con discapacidad intelectual en instituciones psiquiátricas frente a violaciones graves de su integridad - Marco jurídico interno que carece de salvaguardias adecuadas para obtener un consentimiento válido, Falta de protección de la integridad física de las demandantes frente al aborto no consentido y, en el caso de la primera demandante, también frente a la anticoncepción forzada - Ausencia de pruebas prima facie que demuestren que las demás demandantes fueron sometidas a anticoncepción forzada
Keywords: Ineffective investigation into allegations of forced abortions and forced contraception after rape by doctor in neuropsychiatric residential asylum of three intellectually disabled applicants with legal capacity • Positive obligations • Inhuman or degrading treatment • Respondent State’s failure to establish and apply effectively a system providing protection to intellectually disabled women in psychiatric institutions against serious breaches of their integrity • Domestic legal framework lacking adequate safeguards of obtaining valid, free and proper consent from intellectually disabled persons for medical interventions • Inadequate criminal legislation and lack of mechanisms to prevent such abuse • Failure to protect applicants’ physical integrity from non-consensual abortion and regarding first applicant also forced contraception • Absence of prima facie evidence showing remaining applicants subjected to forced contraception