El Consejo adopta un Reglamento sobre los índices de referencia financieros para aliviar la carga de las pymes

El Consejo adoptó el pasado 24 de marzo un Reglamento sobre los índices de referencia financieros, cuyo objetivo es reducir la burocracia para las empresas de la UE, en particular para las pymes.

Las empresas y los inversores en la UE utilizan generalmente los índices de referencia como referencia en sus instrumentos financieros o contratos.

Este Reglamento modifica un Reglamento de 2016 en lo relativo al ámbito de aplicación de las normas sobre los índices de referencia, al uso de índices de referencia elaborados por administradores radicados en terceros países y a determinados requisitos de información.

Principales elementos del Reglamento revisado

• Reducir la carga normativa que pesa sobre los administradores de índices de referencia considerados en la UE no significativos dejándolos fuera del ámbito de aplicación de las normas actuales.
• Solo los índices de referencia cruciales o significativos quedan dentro del ámbito de aplicación del nuevo Reglamento.
• Los administradores no incluidos en el ámbito de aplicación de las normas podrán solicitar su aplicación voluntaria (inclusión voluntaria), en determinadas condiciones.
• Ampliación de la competencia de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).
• Los administradores de índices de referencia de transición climática de la UE y de índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París deben estar registrados, autorizados, reconocidos o aprobados a fin de asegurar la supervisión normativa y evitar alegaciones ASG engañosas.
• Un régimen de exención específico para los índices de referencia de tipos de cambio al contado.

Siguientes etapas

El texto definitivo se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor y será aplicable a partir del 1 de enero de 2026.

Contexto

La Comisión presentó esta propuesta en 2023, como parte de un paquete de medidas para racionalizar los requisitos de información financiera.

En su Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», la Comisión subrayaba la importancia de contar con un sistema normativo que permita alcanzar los objetivos con los menores costes posibles. Por este motivo se comprometió a imprimir un nuevo impulso para simplificar y racionalizar las obligaciones de presentación de información, con el objetivo último de reducir las cargas administrativas en un 25 %, sin menoscabo de los objetivos estratégicos correspondientes.

Más información: Consejo de la Unión Europea