La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer plenamente a su Derecho nacional la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles (Directiva 2019/1152). Las normas de la UE exigen, por ejemplo, que los trabajadores reciban información oportuna y completa sobre aspectos esenciales de su empleo, como el tiempo de trabajo y la remuneración. Según las medidas notificadas a la Comisión, España no dispone de tales normas.
La Comisión incoó el procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en septiembre de 2022, seguida de un dictamen motivado en junio de 2023. En febrero de 2025, España notificó a la Comisión medidas nacionales que transponían algunas de las disposiciones de la Directiva, pero no todas, a su Derecho nacional. La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes, por lo que va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se impongan sanciones financieras.
Contexto
La Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles [Directiva (UE) 2019/1152] ofrece derechos laborales amplios y actualizados y protección a los casi 200 millones de trabajadores de la UE. Con estas normas, los trabajadores tienen, por ejemplo, derecho a una mayor previsibilidad en relación con las misiones y el tiempo de trabajo. También tienen derecho a recibir oportunamente información más completa sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el tiempo de trabajo y la remuneración.
Las normas de la UE también garantizan que los trabajadores disfruten de unas condiciones laborales mínimas, como la limitación del período de prueba a un máximo de seis meses. En particular, estas normas benefician a entre dos y tres millones de trabajadores en formas de empleo precarias.
Más información: Comisión Europea
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